MONTERREY 2002
Obligaría al gobierno a aceptar que tropas de EU impidan migración de centroamericanos, dicen
Rechazan ONG acuerdo de seguridad hemisférica
La cumbre de la ONU sólo consagra un inmenso abandono de los más pobres, coinciden
DAVID CARRIZALES Y ENRIQUE MENDEZ CORRESPONSAL Y ENVIADO
Monterrey, NL, 22 de marzo. Más de 30 organizaciones de migrantes y defensoras de los derechos humanos, tanto de México como de Estados Unidos, se pronunciaron hoy en contra de un eventual acuerdo de seguridad hemisférica que el gobierno estadunidense está impulsando con el pretexto del combate al terrorismo, pero que -afirmaron- obligaría al gobierno nacional a aceptar que tropas estadunidenses impidan el flujo migratorio de centroamericanos en la frontera sur.
En vísperas de la reunión de los presidentes Vicente Fox y George W. Bush, Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, hizo un reclamo a los dos gobiernos, "sobre todo al mexicano, porque prometieron un acuerdo migratorio y no lo están cumpliendo".
Durante la presentación de las conclusiones del Foro Binacional de Migración que se realizó aquí durante dos días, dijo que el gobierno de Vicente Fox "está negociando bajo presión, porque Estados Unidos quiere un acuerdo de seguridad no sólo fronteriza, sino hemisférica, desde Alaska hasta Chiapas, lo que evidentemente violaría nuestra soberanía e independencia".
Preocupa convenio Fox-Bush
Agregó que "Bush vino a Monterrey con la intención de plantear un acuerdo de seguridad, y Fox quería, o quiere -ya no sabemos si todavía lo quiere- un acuerdo migratorio.
"Lo que nos preocupa es que en esas condiciones la máxima solución que encuentren los dos presidentes sea un programa de trabajadores invitados, huéspedes o braceros, que no solucionaría el problema de 9 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, 3.5 millones de ellos mexicanos."
Fernando García consideró preocupante la forma en que el gobierno estadunidense ha vinculado los conceptos de seguridad nacional y migración. A partir de esa premisa, ven y tratan a las personas que van a Estados Unidos sin documentos por una real necesidad de supervivencia, como posibles terroristas, lo que ha causado gran descontento en ambos países.
Refirió que después del 11 de septiembre, Estados Unidos ha definido dos áreas de políticas migratorias: una hacia el exterior, que es el concepto de seguridad nacional, donde su error es considerar que los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono fueron por un error de migración, y no esencialmente de los servicios de inteligencia.
Sin embargo, asentó García, "las personas que cometieron esos actos que nosotros rechazamos, no entraron indocumentadas, ni por la frontera mexicana, sino con su papelería en regla, en avión, por Canadá o directamente a Nueva York".
No obstante, la reacción del gobierno de Estados Unidos es emplear gran parte de los recursos en la lucha contra el terrorismo para militarizar la frontera con México.
Por su parte, Claudia Vera Noriega, de la Comisión de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo, demandó que en la reunión Fox-Bush, el mandatario mexicano defienda políticas migratorias que convengan al Estado nacional, para que su gobierno no se convierta en centinela de los intereses estadunidenses.
Para Joel Magallán, de la Asociación Tepeyac, de Nueva York, el acuerdo al que estarán llegando los presidentes Fox y Bush "será enfocado principalmente a militarizar la frontera entre México y Estados Unidos, lo que serviría para reforzar el programa del mandatario estadunidense de tener como bandera el terrorismo, pero no están dando solución a los problemas migratorios que hay entre los dos países".
Karina Arias, de la agrupación Sin Fronteras, del Distrito Federal, dijo que en la medida en que se siga vinculando el tema de la migración con la seguridad nacional y con una militarización fronteriza, se pondrá más en riesgo la vida de los migrantes, tanto de los que salen de México como los que usan al país como corredor.
Mientras, los integrantes de la Alianza Braceroproa realizaron una protesta frente a la gerencia regional de Banrural contra los gobiernos de México y Estados Unidos que, aseguran, no les han devuelto el dinero que se les descontó durante el tiempo que estuvieron inscritos en el Programa Bracero.
Según sus cálculos, ese fondo ascendería en estos momentos a 5 mil millones de dólares, que en su momento, supuestamente, la administración estadunidense lo entregó al gobierno de México, que lo habría manejado a través del desaparecido Banco de Crédito Agrícola.
Asimismo, para las ONG presentes en la cumbre de la ONU, ésta no logró relanzar la lucha contra la pobreza, sino que por el contrario consagra "un inmenso abandono" de los más pobres del planeta.
Según la ONG británica War on want , "la conferencia de Monterrey sobre el financiamiento para combatir la pobreza constituye un inmenso abandono de los más pobres del planeta. Hay dinero suplementario, pero no suficiente".
Alex, de la Forest-Divonnt, representante del Comiti Catslico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCSD), dijo que "no es consenso lo que tenemos, es un disenso que no se atreve a decir su nombre. Existe una oportunidad única. Es la primera vez que todos los organismos internacionales están reunidos; hubo un proceso preparatorio de alto nivel, las ONG pudieron presentar sus propuestas", detalla.
La incomprensión de los supuestos resultados de la cumbre, dijo, es tanto más fuerte cuanto que todos los países en desarrollo deberán avalar el documento, cuando muchos de ellos fueron los primeros en reclamar más dinero para el crecimiento de sus naciones.
Para Greenpeace, los diálogos en Monterrey revelaron la hipocresía de la restricción de los gobiernos sobre el desarrollo sustentable. "Esta conferencia, que se consideraba que suministraría una verdadera ayuda financiera a millones de pobres, fue secuestrada por los intereses de las empresas", afirmó el representante de esa organización, Paul Horsman.
