Señora directora: Deseo expresar mi más enérgica protesta por el trato que el gobierno de México dio al comandante Fidel Castro el pasado jueves en la cumbre de Monterrey. Sin lugar a dudas será recordada por el agravio que el presidente Fox y el canciller Castañeda le han hecho al pueblo cubano. Resulta frustrante que se haya propiciado el retiro de quien ha pronunciado el único discurso con dignidad y se deje el camino libre a la simulación e hipocresía del terrorismo imperial.

Los mexicanos debemos avergonzarnos de ello y pedir cuentas a los responsables. Yo, por lo pronto, exijo la renuncia inmediata de Jorge G. Castañeda.

Xavier Flores G.

Críticas a actitud del gobierno mexicano

Señora directora: La inteligencia mexicana ha sido más humillada que el agravio que recibió Fidel Castro. Creíamos que las abyectas conductas de "nuestro" canciller y Presidente ya habían desaparecido con la abolición de la esclavitud; desafortunadamente, ellos nos confirman que no es así.

Como mexicano no puedo más que deplorar la sumisión de esos señores y recordarles que somos nosotros, los contribuyentes mexicanos, y no los estadunidenses, quienes les damos de comer; pagamos sus generosos e insultantes sueldos así como los exorbitantes gastos que realizan en funciones de "gobierno".

Por elemental sentido de patriotismo y responsabilidad deberían preocuparse por atender los intereses de todos los mexicanos, que para defender los de los gringos basta con el guerrerista Mr. Bush Jr. Me parece pertinente que el Senado solicite ?o la sociedad civil presione tomando incluso el edificio de Tlatelolco? la destitución de Castañeda, ya que la política exterior mexicana no debe estar sujeta a las ambiciones y arrogancia de tan siniestro personaje.

Gustavo Monterrubio Alfaro

Respuesta de PGJDF a Bárbara Zamora

Señora directora: Con relación a la carta de Bárbara Zamora, publicada ayer, me permito aclarar que el procurador Bernardo Bátiz en ningún momento ha declarado "no creo que sean amenazas", respecto del mensaje que la licenciada recibió. Por el contrario, el procurador ha declarado públicamente que se abrió la averiguación previa iniciada por Bárbara Zamora y que se investigará el mensaje recibido vía Internet, que dice: "choques, accidentes, abogados, urgencias".

Ciertamente, el procurador Bátiz dijo que se había instalado una cámara de video en el despacho de la licenciada Zamora, porque daba por hecho que el gobierno federal había dado cumplimiento a las medidas solicitadas por la CIDH. La PGJDF en varias ocasiones ha invitado a la licenciada a que acepte una escolta, que es lo que nosotros podemos proporcionarle, pero su respuesta ha sido negativa.

Héctor Ramos Aguilar, director general de Comunicación Social de la PGJDF

Precisa Vanguardia carta del IMSS

Señora directora: El 20 de marzo se publicó una carta firmada por el coordinador general de Comunicación Social del IMSS, Roberto Calleja Ortega, en la cual expresa algunos comentarios en relación con las acciones emprendidas por el IMSS en contra de este matutino el 16 de marzo.

Ante las insuficiencias del escrito signado por el señor Calleja Ortega, comento lo siguiente:

El reclamo de los trabajadores de Vanguardia ante las violentas acciones perpetradas por el licenciado Gerardo Alberto Rodríguez Valdez, presunto interventor administrador del Seguro Social, no guarda relación con el litigio que el IMSS tiene con la empresa para la cual laboramos, sino con las agresiones de que fuimos objeto por parte de los guardias privados que acompañaban a Rodríguez Valdez.

De forma conveniente, el señor Calleja ignora que durante la violenta irrupción al edificio de esta empresa, los guardias privados ?a quienes se pretendió hacer pasar por fuerza pública? impidieron a los trabajadores el desarrollo de sus labores cotidianas, los amedrentaron, agredieron física y verbalmente y los mantuvieron privados ilegalmente de su libertad. Además, se pretendió imponerles condiciones laborales arbitrarias, como tener que demostrar a los guardias la pertenencia a la planta laboral de este diario.

De forma también conveniente, el señor Calleja Ortega acude a la Ley del Seguro Social y al Código Fiscal de la Federación para intentar justificar la brutalidad utilizada al tratar de intervenir administrativamente el periódico. El cuerpo de abogados de esta casa editorial ha revisado cuidadosamente ambos ordenamientos legales sin encontrar un solo artículo que permita la comisión de los ilícitos enumerados en el párrafo anterior. Si el señor Calleja Ortega los ha visto, le rogaríamos nos señale la página exacta en la cual se ubican.

Conforme con el Código Fiscal de la Federación, las diligencias deben realizarse en horas hábiles de las 8 a las 18 horas, de lunes a viernes, y no los sábados a partir de las 16:30 horas. La cita que el señor Calleja hace de una presunta declaración del señor Jesús Salvador Castilla Sánchez, ante el notario público Mauricio González Puente, es una verdad de Perogrullo: ¡Por supuesto que los trabajadores decidieron defenderse por su propia cuenta! ¿Acaso el señor Calleja supone que iban a esperar a que el propietario de algunos de los activos de la empresa los autorizara a defenderse y a defender sus derechos?

Al margen del consentimiento que para la realización de diligencias administrativas hubiere expresado el señor Castilla Sánchez, seguramente que no autorizó al licenciado Rodríguez Valdez a violentar los derechos de los empleados, a privarlos de su libertad y hasta indicar a la gente de redacción que sólo se publicaría lo que él autorizara. Si tal es el caso, le rogamos al señor Calleja que lo precise. En síntesis, la comunicación del señor Calleja no es sino un magnífico ejemplo de cómo puede, desde la comodidad de un escritorio, pretender la defensa de lo indefendible.

Diana María Galindo Teissier de Castilla, directora general del periódico Vanguardia

El gobierno de Chiapas, comprometido con los derechos humanos, dice

Señora directora: El actual gobierno de Chiapas se ha propuesto avanzar en una materia que en otros tiempos significó un grave retroceso en la entidad. Las condiciones para trabajar por los derechos humanos y su observancia, así como la revisión del marco jurídico para castigar las acciones que vulneren las garantías fundamentales, no tienen precedente en Chiapas. Es así que el gobierno del estado, en colaboración con la CIDH, reabrió el caso Morelia para esclarecer las ejecuciones sumarias de tres indígenas chiapanecos.

El resultado es que en seis meses se ha avanzado en la investigación, en una proporción que no había ocurrido en ocho años desde que se suscitaron los hechos. Esto ha quedado acreditado en las reuniones de seguimiento de la CIDH celebradas en Washington. También allí se ha comprobado que la defensa de los derechos humanos no siempre obedece a razones altruistas ni responde a ideales y mucho menos a una noble causa, sino que constituye un negocio de abogados particulares.

En el documento "Propuesta para reparar el daño a los familiares de Severiano y Hermelindo Santiz Gómez y Sebastián Santiz López en el caso Ejido Morelia", informe No. 48/97, caso 11.411, se solicita indemnizar con 3 millones 291 mil pesos a los familiares y 841 mil 381 pesos para los abogados (por "honorarios simbólicos") Miguel Angel de los Santos y Abelardo Méndez Arcos por la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos. Ellos cobrarán una cantidad que representa 25 por ciento de la indemnización.

Esa cuota es mayor a la que cobra cualquier abogado por sus servicios privados en juicios de defensa, tanto en casos ordinarios como en los muy conocidos por la opinión pública.

La diferencia es que la mayoría de los abogados no utiliza los medios de comunicación ni los derechos humanos como propaganda; tampoco una causa como la zapatista para justificar el cobro de sus dividendos ni para presionar por ellos. El gobierno de Chiapas rechaza todo hecho que desvirtúe la lucha por los derechos humanos y se pronuncia por evitar que intereses particulares dañen esa noble labor, asimismo ratifica su compromiso de respeto a esas garantías y de crear una verdadera cultura de su defensa. (Carta resumida)

David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social del gobierno de Chiapas

El 24 de marzo, a 26 años del golpe militar en Argentina, nos reuniremos para darle un cacerolazo a las políticas neoliberales y hundir al Titanic del hambre en el mundo. La cita es de las 11 a las 14 horas en el Zócalo del DF. Convoca: "La Punta del Iceberg".