Algunos dicen que la defenderán hasta
las últimas consecuencias
A consulta, ultimátum a Policía Comunitaria
de Guerrero
Indígenas formularán hoy respuesta que
darán al gobierno
El cuerpo de seguridad no tiene sustento, asegura jurista
ROSA ROJAS
Frente al ultimátum que el gobierno de Guerrero
dio, el pasado 26 de febrero, a los integrantes de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Costa Chica y la Montaña
para que desaparezcan la Policía Comunitaria, que opera en cuatro
municipios, y sus miembros se integren a las policías Preventiva
municipal o estatal, las autoridades indígenas determinaron realizar
una consulta, a lo cual, las personas de San Luis Acatlán y Malinaltepec
respondieron que están decididas a "defender lo que es suyo hasta
la última consecuencia".
En tanto, los resultados de las consultas en los municipios
de Azoyú y Metlatonoc se darán a conocer hoy (domingo) en
una asamblea en la comunidad de Potrerillo Coapinoles, perteneciente a
San Luis Acatlán, a la que acudirán los comisarios de los
cuatro municipios en los que opera el Sistema de Justicia Indígena,
del que es parte la Policía Comunitaria. Ahí mismo se formulará
la respuesta que habrá de entregarse al gobierno estatal el próximo
26 de marzo, en Chilpancingo.
De acuerdo con la relatoría que hizo el Centro
de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en la reunión
del 26 de febrero, convocada por el gobierno guerrerense en el palacio
de gobierno en Chilpancingo ?a la cual asistió el gabinete de Seguridad
Pública estatal en pleno?, el magistrado del Tribunal Superior de
Justicia del estado, Julio Lorenzo Jáuregui, afirmó en un
documento que "la Policía Comunitaria no tiene sustento legal alguno"
ni en la Constitución ni en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Sólo tienen licencias individuales para portar
armas
El
comandante de la novena región militar, con sede en Acapulco, Mario
López Gutiérrez, advirtió a los indígenas que
los militares van a desarmar a los policías comunitarios "porque,
según él, sólo cuentan con licencias individuales
que se reducen a la posesión del arma en el domicilio, y no a su
portación".
Entrevistados vía telefónica, Ciriaco Rojas
Calixto, comisario de Tilapa, municipio de Malinaltepec, y Jesús
Reyes, de la Policía Comunitaria del municipio de San Luis Acatlán,
informaron que en el primer municipio la consulta se efectuó el
2 de marzo en la comunidad de Coacoyula, y en el segundo, el 4 de marzo,
en la comunidad de Pueblo Hidalgo. Participaron todos los comisarios municipales,
directores de escuelas, profesionistas, estudiantes, doctores, comerciantes,
los vecinos de la comunidad... quienes respondieron a cuatro preguntas:
1. ¿Está de acuerdo en desaparecer la Policía
Comunitaria? 2. ¿Estaría de acuerdo en volver a ver a su
familia atropellada, asaltada y violada? 3. ¿Estaría de acuerdo
a que, como pide el estado, se incorpore a la Policía Preventiva
Municipal el cuerpo de la Policía Comunitaria? 4. ¿Estaría
de acuerdo en ver desaparecer el proyecto del pueblo, que es la Policía
Comunitaria?
Rojas Calixto subrayó que en Malinaltepec la gente
acordó que no van a cambiar el nombre de la Policía Comunitaria
ni sus órganos, porque ya están conformados, que son los
seis comisarios que integran la coordinadora regional; otros seis que forman
el comité ejecutivo, bajo cuya responsabilidad están los
38 comandantes "que dan dirección a los 400 policías que
resguardan a las comunidades de los cuatro municipios".
Reyes informó que además de los municipios
citados ?Metlatonoc es el último que se incorporó, y ya tiene
todas sus actas de nombramiento?, otros han pedido integrarse a la coordinadora,
como Marquelia, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec y Ayutla.
"Ya han asistido (a la coordinadora) síndicos y secretarios municipales
de cada ayuntamiento y han constatado que es válido para ellos,
han informado a sus municipios que ven con buenos ojos el proyecto y han
solicitado la incorporación de sus comunidades".
Comentó la posición del magistrado Jáuregui
señalando: "todos sus argumentos descalifican los fundamentos que
nosotros consideramos sostén jurídico de nuestro proyecto.
Las respuestas del magistrado y del gobierno del estado y la reforma de
la seguridad pública de la entidad en el Congreso de Guerrero no
tomó en cuenta a la Policía Comunitaria, no nos consideró;
vemos que este gobierno está descalificando totalmente al pueblo
indígena, éstos no existen para el estado".
Abel Barrera, del Centro Tlachinollan criticó,
a su vez, que se sigan negando y restringiendo los derechos colectivos
indígenas, reforzando la visión "integracionista y asimilacionista
de que los indios se tienen que blanquear jurídicamente de
acuerdo con un marco que les niega a los pueblos indios la personalidad
jurídica que les reconoce el derecho internacional.
"Lo que está haciendo el gobierno del estado desde
el gabinete de Seguridad Pública es someter a los pueblos nativos
a la dimensión policiaca y militar, y criminalizarlos desde una
perspectiva intolerante de un marco jurídico que tiene una sola
visión de lo que es la seguridad pública, la autonomía,
el derecho a ejercer su propia normatividad, y los acusan de que están
fuera de la ley... esa es la consecuencia de la reforma constitucional
en materia indígena que limita sus derechos al ámbito municipal,
y deja que sean los congresos locales los ámbitos de la autonomía
que pueden ejercer los pueblos indios", apuntó Barrera.
El ultimátum
En la mencionada junta del 26 de febrero estuvieron presentes
también, por parte del gobierno estatal, el secretario de Seguridad
Pública, mayor retirado Luis León Aponte; el procurador de
Justicia de Guerrero, Rigoberto Pano Arciniega; el comandante de la 35
zona militar, Luis Orozco Pineda; el agente del Ministerio Público
Militar, con sede en Acapulco, Rafael Cortés Badillo, "y tres miembros
del Ejército dedicados a tareas intimidatorias por medio del registro
fotográfico y de audio; así como el director estatal de Gobernación,
Rey Hilario, acompañado por personal del Cisen, que no se identificó,
y el subdelegado de la PGR, indica la relatoría.
Por parte de la CRAC asistieron los comisarios Amador
Leyva Cruz, de El Rincón, y Ciriaco Rojas Calixto, de Tilapa, ambos
del municipio de Malinaltepec y seis acompañantes de las comunidades
indígenas; Medardo Castro Marín, de Tlaxcalixtlahuaca, y
Santacruz Carranza López, de San José Vistahermosa, ambos
del municipio de San Luis Acatlán; el párroco de El Rincón,
Mario Campos Hernández; Cirino Plácido Valerio y otros siete
integrantes del consejo guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena;
también asistieron autoridades municipales de San Luis Acatlán
y Azoyu, así como Barrera Hernández y Elmer Pacheco Salazar,
del Centro Tlachinollan.
En un documento de ocho hojas, el magistrado Jáuregui
afirmó que el acuerdo del 15 de octubre de 1995, mediante el cual
los comisarios, los delegados municipales y otras autoridades crearon la
Policía Comunitaria, "es totalmente contrario a derecho, ya que
la interpretación que hacen los comisarios y sus asesores del citado
párrafo primero del artículo 4, ya abrogado, es equivocada
y convenenciera", pues "de ninguna manera faculta a los pueblos indígenas
para establecer paralelamente órganos estatales (policías
comunitarios) a la función pública que tiene encomendado
el Estado, como es la seguridad".
Compatibilidad con leyes nacionales
Respecto al Convenio 169, el magistrado interpretó
que el significado de lo que establece en sus artículos 8 al 12
es que "los métodos de prevención, administración
e impartición de justicia que ejecuten los pueblos indígenas
han de ser compatibles con el sistema jurídico nacional".
El magistrado mencionado abundó que la Ley de Seguridad
Pública del estado de Guerrero número 443, publicada el 29
de enero pasado, la cual aún no entraba en vigor, "no contiene disposición
alguna en la que reconozca a la Policía Comunitaria".
Por todo lo anterior, concluyó, el acuerdo del
15 de octubre de 1995 que creó a la Policía Comunitaria "es
total y completamente infundado, carente de sustento jurídico y,
como consecuencia, contrario al estado de derecho que debe prevalecer en
nuestra entidad federativa", y "jurídicamente no es posible que
los pueblos y las comunidades indígenas creen un cuerpo policiaco
paralelo a las funciones propias encomendadas por la Constitución
al estado y los municipios".
Después de la participación del magistrado,
el comisario de El Rincón leyó un documento que da cuenta
de la coordinación interinstitucional que la CRAC ha tenido desde
1996 a la fecha con el Ejército para la autorización de la
licencia 110 (para la portación colectiva de armas), con los presidentes
municipales, ministerios públicos y corporaciones policiacas.
"Se recordó el apoyo de Angel Heladio Aguirre Rivero,
gobernador del estado, quien entregó 18 armas a la Policía
Comunitaria para un mejor equipamiento en la lucha contra el crimen organizado.
El presidente de la República, Ernesto Zedillo, en su visita a San
Luis Acatlán hizo también un reconocimiento público
al trabajo de la Policía Comunitaria. Describen los acuerdos y los
trabajos de coordinación que han tenido con las diferentes instancias
de gobierno, como una prueba de que su trabajo respeta los preceptos jurídicos
enriquecidos con sus sistemas normativos.
"Al final de esta lectura, el secretario de Seguridad
Pública reiteró nuevamente que el documento presentado por
el magistrado es el que debe tomarse en cuenta para analizar la legalidad
de la Policía Comunitaria. Ignoró los argumentos de las autoridades
indígenas y pidió una respuesta al planteamiento jurídico
de que la Policía Comunitaria no puede seguir funcionando porque
es un cuerpo ilegal que atenta contra el estado de derecho", y preguntó
a las autoridades indígenas si estarían dispuestas a integrarse
a la policía preventiva municipal: "queremos que participen y ayuden,
pero siempre dentro del marco de la ley", consigna la relatoría.
