Maestros, directores, inspectores y jefes de zona de escuelas públicas del subsistema educativo federal marcharon ayer en la capital de Chihuahua y en Ciudad Juárez para exigir a la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, que entregue los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana.

En la ciudad de Chihuahua, unos 5 mil docentes se manifestaron desde la glorieta del monumento a Francisco Villa hacia el palacio de gobierno; en Juárez, cientos de inconformes caminaron por la avenida Abraham Lincoln, contigua al edificio Pueblito Mexicano, que alberga las oficinas de Recaudación de Rentas, Registro Civil y otras dependencias estatales.

En ambos sitios, con camisas y playeras blancas, los docentes gritaron consignas como “Educación sí, negocio no”, “estudiante informado no será manipulado”, “maestros rurales queremos materiales”, “Maru, entiende, la educación no se vende”, “con acento y sin acento, a mis derechos estoy atento” y “libros sí, folletos no”.

Horas antes, el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Deporte estatal, Carlos Eduardo Flores, presentó su renuncia por desacuerdos con la titular de la dependencia, Sandra Elena Gutiérrez, respecto a la elaboración de folletos que sirvan de material didáctico alternativo.

En entrevista, la funcionaria confirmó la dimisión, y sobre la protesta de los profesores amagó con que recibirán una sanción, por lo que cabe la posibilidad de que se inicien procesos administrativos contra ellos.

Asimismo, después de que el pasado miércoles el juez quinto de distrito en Aguascalientes, Guillermo Baltazar, otorgó un amparo definitivo al Frente Nacional por la Familia para que no se distribuyan los libros en las escuelas, desde ayer, por órdenes de la sección uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; se solicitan firmas a los maestros de educación básica para exigir contar con los ejemplares.

Condenan judicialización

Más de medio millar de maestros de enseñanza básica, integrantes del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, condenaron la “acción de judicializar” la elaboración y distribución de dichos ejemplares y desvirtuar, con argumentos falsos, el debate necesario sobre qué tipo de formación y país se quiere construir.

En un pronunciamiento público subrayaron que la educación es un “derecho y para garantizarlo es indispensable que niñas y niños, docentes y padres de familia tengan acceso a los libros de texto. Son sus destinatarios, quienes deberán valorar su pertinencia y posibilidades didácticas, de aprendizaje y de ampliación de conocimientos”.

Señalaron que el debate “es necesario e imprescindible, aunque el empleo de los argumentos de ciertos personajes y grupos no abonan a la construcción ni manifiestan preocupación genuina por la educación ni los estudiantes”.

Tras destacar “aspectos pedagógicos positivos” que fortalecen un nuevo modelo educativo, como el trabajo por proyectos, el impulso a lo comunitario como principio esencial de la democracia, así como el reconocimiento a la diversidad cultural del país y la sociedad y el esfuerzo por acercar el conocimiento a la familia, también llamaron a corregir los errores identificados en los libros de texto.

(Con información de Laura Poy)