Los reformadores neoliberales venidos del norte de Estados Unidos, a finales de los años 80 se toparon en México con la SEP, el “reumático elefante” que decía Reyes Heroles, y el contraste fue inevitable. En ese país, un departamento específicamente de educación a nivel federal sólo comenzó a existir en 1980; siempre ha tenido relativamente muy pocos empleados, no contrata ni controla a maestro alguno, tampoco define planes y programas de estudio ni, por supuesto, elabora y reparte gratuitamente decenas de millones de libros.
Tiene una función de apoyo y orientación. La responsabilidad de la enseñanza reside en cada entidad federativa, pero no en los gobiernos locales sino en consejos escolares estatales o municipales integrados por ciudadanos prominentes y políticamente adecuados. De ahí que al comienzo de los años 90 en México los reformadores neoliberales ya tenían en la agenda convertir al elefante en una estructura liviana y ágil sostenida por la recaudación fiscal de cada entidad, con currículos escolares adecuados al entorno y relaciones laborales con maestras(os) a cargo de cada estado. Es decir, una estructura que permite un acceso local y mucho más directo de sectores como el empresarial y el ideológico a la educación. Pero fracasaron. Entre otros, las y los maestros rechazaron una reforma que fragmentaría su organización nacional.
En educación superior sí les fue posible avanzar en la creación de miles de nuevas escuelas privadas, la evaluación sistemática, el alza de colegiaturas, requisitos de acreditación, “calidad”, mercantilización y vínculos con empresas y, además, hacer languidecer el modelo universitario autónomo y público y crear “escuelas técnicas de nivel universitario”. En los años siguientes, el fortalecimiento electoral de la derecha y del papel cada vez más activo de empresas y organizaciones privadas –como Mexicanos Primero (Claudio X. González)– crearon una intensa presión por ser incluidos como socios predominantes en la conducción de la instrucción pública y privada, pero con una visión de derecha burda, atrabiliaria y muy violenta que, aplicada contra las y los maestros en el sexenio de Peña Nieto, los llevó a otro estrepitoso y más costoso fracaso, pues hizo que al llegar AMLO perdieran nada menos que el importante terreno ya ganado en el artículo tercero constitucional. Lograron, sin embargo, que este nuevo gobierno otra vez les concediera espacios importantes en la legislación secundaria. Por eso, tanto las leyes General de Educación como la de Educación Superior incluyen elementos que responden a su visión formativa y –en el caso de los gobiernos panistas y otros conservadores– les da asideros para convertirse en sumamente autoritarios. Por ejemplo, mayor control sobre el ingreso del magisterio, apoyo a los dirigentes de las universidades (especialmente en el terreno del ingreso de estudiantes y de la posibilidad de cambios legales adversos), restricción a la gratuidad y evaluación y apertura a la comercialización.
De ahí que estas leyes en 2019 y 2021 se aprobaron sin problema –y, en contraste con lo que ocurre hoy con los libros de texto– sin cuestionamiento. La participación en la conducción quedó así de tal manera asegurada que, luego de completar la tarea, el titular pasó a ser embajador y la SEP a ser un elemento meramente decorativo, como se quería, ya sin iniciativas ni proyecto, adormecida. En ese contexto, aparecen los libros de texto gratuitos y de inmediato la derecha busca ampliar en ese terreno su participación decisiva. Otra vez miope, considera que le beneficia poner en crisis un acuerdo muy estable que en estos años le ha asegurado y beneficiado con un papel preponderante en la conducción. “Pero no tienen llenadera”, dice AMLO, porque ahora deciden armar una batalla campal aprovechando la coyuntura de un ríspido proceso electoral y, además, con el sexenio ya políticamente concluido. Pero ponen en riesgo lo ganado y lo quieren todo, pero la crisis que provocan abre otros espacios. Ahí están las y los maestros independientes y sus propuestas y materiales educativos alternativos y están también los estudiantes hartos de derechos que en realidad no lo son y cansados de ser víctimas de la violencia. Quieren ser ahora los prioritarios y no sólo becas.
Participar en la construcción de sistemas educativos estatales democráticos o de grupos de escuelas y profesores también ampliamente participativos. O, como, por ejemplo, las estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana que consiguen por primera vez en 50 años, incluir su agenda de derechos de la mujer en las instancias colegiadas. O la posibilidad de que una comunidad que ha logrado hacer de su universidad la Universidad Nacional Autónoma de México –según un ranking– una de las 10 más importantes del mundo, pueda elegir ella a su rector.
* UAM-X
