Al cumplirse hoy 13 años de la detención arbitraria del defensor zapoteca Pablo López Alavez, en San Isidro Aloapam, Oaxaca, familiares y activistas exigieron su liberación, como lo recomendó el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas en 2017.

Yesica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca -organización que acompaña el caso-, señaló que el proceso penal “ha estado plagado de irregularidades violando sus garantías y derechos como defensor indígena”, y a la fecha continúa sin sentencia, acusado de presunta tentativa de homicidio y homicidio.

Recordó que, en 2020, un tribunal federal reconoció las graves violaciones al debido proceso cometidas y ordenó la reposición del procedimiento. Sin embargo, el tribunal local responsable volvió a dictar auto de formal prisión “reproduciendo incluso los mismos errores ortográficos que en su primera resolución, demostrando así su total falta de seriedad e imparcialidad”.

En conferencia virtual, expuso que los impactos a nivel emocional, físico, familiar y comunitario que ha sufrido López Alavez son irreparables y se hacen cada día más profundos. “Urgimos al gobierno de Oaxaca a que busque los mecanismos para poner fin a casi cinco mil días detención arbitraria llevada a cabo por el gobierno autoritario priista de Ulises Ruiz”, manifestó.

Yolanda Pérez Cruz, esposa del defensor zapoteca, aseveró que a partir de la detención de su esposo no ha dejado de levantar la voz para denunciar el despojo de los recursos de su comunidad y seguirá clamando por justicia y libertad.

“Pablo es inocente, es un preso político”, exclamó, al tiempo que hizo un llamado al gobernador del estado, Salomón Jara, para que trabaje por su liberación y “cumpla con su compromiso de apoyar a los indígenas y libere a Pablo”.