La Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y puso a disposición de un juez federal a tres presuntos involucrados en la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y un civil, en hechos ocurridos el 6 de marzo en inmediaciones del poblado de Tres Marías, en el estado de Morelos.

Cuando se hizo pública la desaparición de los elementos de la Semar, se difundieron versiones falsas que señalaban que ambos habían sido comisionados por la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, en marzo de 2022, para escoltar a la Ciudad de México al senador de Morena José Narro Céspedes.

Este jueves la FGR informó que obtuvo de un Juez de Control con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, auto de vinculación a proceso en contra de tres presuntos involucrados en la desaparición de un civil y dos elementos de la Semar (uno de ellos en activo y el otro en situación de retiro).

De acuerdo con los antecedentes del caso, los marinos fueron identificados como Victoriano Rodríguez y Óscar González, quienes estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, y su desaparición ocurrió el 6 de marzo en una zona boscosa del poblado de Tres Marías.

La FGR puntualizó que el Ministerio Público Federal imputó a tres personas de haber cometido el "delito de ocultamiento a proporcionar información sobre la privación ilegal de una persona, en este caso como autores materiales".

De acuerdo con la información del caso, el pasado 6 de marzo, "las tres víctimas directas, salieron de la Ciudad de México con dirección a Morelos, y se detectó que su último lugar de ubicación fue en el poblado de Tres Marías, situación de la que los hoy imputados, quienes tienen relación con las víctimas, probablemente ocultaron información sobre el paradero de dichas personas".

El Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba y el juez federal dictó auto de vinculación a proceso a los imputados y les impuso prisión preventiva oficiosa, en tanto que otorgó a la FGR cuatro meses para la investigación complementaria.