Casi dos meses atrás, el gobierno estadunidense solicitó al mexicano que investigara, en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, a Grupo México, del tóxico barón Germán Larrea, por la violación de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los trabajadores en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas. La petición fue presentada por Katherine Tai, representante comercial del vecino del norte, y el plazo de respuesta se fijó en 45 días.

El gobierno mexicano, por medio de las secretarías del Trabajo y de Economía, cumplió con el plazo establecido, pero bateó de jonrón a la señora Tai, al negar todas las peticiones incluidas en la citada solicitud, con el pretexto de que la “mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, está fuera del ámbito de aplicación del MLRR y se resolverá en instancias judiciales mexicanas”. Así de rápido, contundente, sorprendente y sin mayor trámite, no sin antes subrayar la “presunta denegación de derechos” a los trabajadores por parte del corporativo minero.

La respuesta del gobierno mexicano se dio el primer día del presente agosto, la parte estadunidense no la cuestionó y se dio por bien servida y todos aparentemente contentos, menos los mineros que recién cumplieron 16 años en huelga (los mismos que en Cananea, Sonora, y Taxco, guerrero) a lo largo de los cuales ninguna “instancia judicial mexicana” ha atendido sus reivindicaciones.

Dado lo anterior, se llegó a pensar que el MLRR había causado baja, que los reclamos laborales presentados por medio de ese mecanismo no tendrían mayor futuro y que, en el mejor de los casos, sólo sería un nombre más en el inagotable universo de la burocracia nacional e internacional.

Pero, ¡sorpresa! Resulta que por las mismas causas de los mineros de San Martín (léase violación de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los trabajadores) y por medio del MLRR, “los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron la puesta en práctica de un plan de remediación para abordar la negación de derechos de los trabajadores en la planta de Industrias del Interior (INISA), ubicada en Aguascalientes. La Oficina de Representación Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) informó que se trata de la sexta ocasión en que los dos países-socios comerciales del T-MEC acuerdan este tipo de medidas bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” ( La Jornada, Alejandro Alegría).

Es decir, lo que el gobierno mexicano negó a los mineros de San Martín, algo que el estadunidense aceptó sin inmutarse, ahora se resuelve de forma positiva –y qué bueno–, expedita y de común acuerdo entre ambas naciones. Pero, algo pasa, porque las causas del reclamo obrero en la planta de Aguascalientes –que motivó otra solicitud de investigación bajo el mecanismo del MLRR– resultan ser las mismas que las del conflicto minero (violación de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los trabajadores).

Entonces, casos iguales, dos solicitudes de investigación prácticamente en fechas idénticas, pero con resultados abismalmente diferentes, lo que no habla muy bien de quienes allá y aquí toman las decisiones en el marco del MLRR. Tal vez la diferencia no estribe en el nombre ni la actividad de la empresa a sancionar por violaciones de los derechos laborales, sino en quién es el propietario, porque todo indica que el dueño de Industrias del Interior (INISA, fabricante de prendas de mezclilla) ni lejanamente tiene el mismo peso económico ni el alcance político del tóxico cuan impune barón Germán Larrea, dedicado a saquear las riquezas minerales del subsuelo mexicano.

Así es: soluciones a la carta, pues a unos, los mineros, rápidamente los batearon, les negaron los beneficios del MLRR y los condenaron a que sus peticiones sean “revisadas” en “instancias judiciales mexicanas” (es decir, las mismas que, a lo largo de 16 años, no han hecho nada para solucionar la huelga en San Martín, como tampoco en Cananea y Taxco) y a otros, los de la planta en Aguascalientes, de inmediato les dan protección por medio del mismo mecanismo en el marco del T-MEC. Vamos bien.

Las rebanadas del pastel

Con un comportamiento mafioso, muchos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación se protegen entre sí sin importar los delitos cometidos: amparos por aquí, cancelación del proceso por allá, libertad inmediata para quienes cayeron en cana, pero eso sí presumen ser los “defensores del estado de derecho”. Qué cara más dura.

Twitter: @cafevega