El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó la determinación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordenó abstenerse de emitir mensajes de tipo electoral.
La resolución se dio a raíz de una denuncia de la senadora Xóchitl Gálvez contra el mandatario por presunto uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
El asunto medular en este expediente son las expresiones emitidas en la conferencia matutina del 14 de julio pasado, así como de mensajes publicados en la cuenta oficial de Twitter del gobierno de México, considerados por la demandante una posición “premeditada, sistemática y constante de la discusión pública sobre el proceso electoral federal 2023-2024”.
A su vez, Gálvez impugnó la negativa a su solicitud de medidas cautelares contra el presidente López Obrador, a quien acusó de cometer violencia política en razón de género.
Tocó elaborar el proyecto de la primera impugnación al magistrado Felipe de la Mata, mientras para la segunda, relacionada con violencia política, el ponente será José Luis Vargas. En este expediente también están denunciados funcionarios de la coordinación de comunicación social y vocería del gobierno de la República por “realizar y reproducir en redes sociales frases, manifestaciones y pronunciamientos que presuntamente constituyen violencia política contra las mujeres”.
Los recursos fueron interpuestos en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esta sala, frente a otro expediente, ordenó a la misma comisión analizar una nueva queja del diputado Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano), quien acusó a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña de cometer actos anticipados de precampaña y campaña, al amparo del proceso de elección para la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030.
La Unidad Técnica de lo Contencioso del INE desechó la solicitud de medidas cautelares, dado que en un asunto previo la Comisión de Quejas ya había analizado hechos de similar naturaleza.
Sin embargo, el pleno de la sala superior admitió los alegatos del diputado y tomó la determinación por mayoría con los votos de Indalfer Infante, Felipe Fuentes, José Luis Vargas y del magistrado presidente, Reyes Rodríguez.
De la Mata Pizaña emitió un voto concurrente y la magistrada Janine Otálora votó en contra. Mónica Soto tuvo ausencia justificada.
