En México, la principal regla no escrita del sistema político, que establecía la facultad del presidente en turno en designar a su sucesor por encima de todo, se está desmoronando.
Al menos, hasta ahora, la elección primaria de Morena, que definirá a su próximo coordinador nacional, tiene éxito, pues ni AMLO ni el aparato estatal (funcionarios y recursos públicos) están interviniendo en los recorridos de sus seis aspirantes. Temas y posicionamientos ideológicos son responsabilidad de cada uno de ellos. Se defiende a la transformación, pero las diferencias personales están a la vista de todos para bien de los ciudadanos y la democracia.
Es una novedad que se haga una gira personal antes de la campaña partidista que se iniciará con certeza el próximo septiembre.
De este singular proceso de sucesión presidencial surgirá en México un nuevo gobierno nacional, pero también y, quizá más trascendente, otro escenario de vida o muerte para los partidos políticos actuales que con el ejemplo morenista tendrán que recuperar la autonomía de su vida interna.
El proceso de la coalición Morena, PT y PVEM continúa sin intervención que beneficie desde la cúspide del Estado a determinado aspirante. La legitimidad del ganador devendrá de la capacidad individual y atractivo político del aspirante. Su reto es buscar el apoyo ciudadano, localizarlo y movilizar una estructura social suficientemente sólida para extenderla a todo el país y hacer que triunfe en 2024 cualquiera de los seis aspirantes.
Por ello la preeminencia de la que se ostentaba el Ejecutivo federal mexicano en el proceso de sucesión presidencial para definir al heredero se terminó. Despertar y estimular el interés de la ciudadanía por participar no es tarea sencilla, pero este novedoso asunto de sucesión política lo han logrado Morena y sus aliados, pues serán los órganos oficiales de la coalición los encargados de postular y reconocer a quien triunfe en las encuestas que se aplicarán en el territorio nacional.
La sucesión presidencial de 2024 tendrá otra novedad previsible: la revaluación y surgimiento de un nuevo subsistema de partidos políticos. Es evidente el debilitamiento de los tres partidos tradicionales que en este proceso se anclaron con el nombre de Frente Opositor que está tutelado por dirigentes empresariales y ex presidentes, como Carlos Salinas y Vicente Fox. Son partidos sin independencia, sin militantes y pocos electores. A diferencia de sus adversarios la candidata designada de este frente no proviene de la estructura interna partidista sino de un arreglo ajeno a la vida propia de los partidos PRI, PAN o PRD.
Como antaño, se eligió no al político con mayor respaldo y experiencia, sino a la que ha sido escogida, por razones desconocidas, en un proceso que preparó, concluyó y resolvió un grupo muy pequeño y cerrado de empresarios y ex presidentes. La noticia no es reveladora de una decisión democrática, sobre todo cuando se observa una bien orquestada operación mediática (“cargada”) para impulsar a la senadora Xóchitl Gálvez.
La democracia no debe ser el equivalente político de la libertad de mercado. Los partidos tradicionales en lugar de discutir ese nombramiento dentro de sus estructuras se sometieron a la decisión ajena y al encumbramiento de la candidata hidalguense por las columnas periodísticas ligadas a los intereses comerciales. Recurren al engaño y apuestan por una abrumadora propaganda a fin de que la candidata a la Presidencia se imponga como alternativa singular y poderosa. Tenemos, desde 2018, una oposición política arrogante y soberbia. No acepta que su manera de entender la democracia descansa en la arbitrariedad y corrupción.
Una elección presidencial exige el acuerdo de un número considerable de personas, acuerdo de inteligencias y voluntades. En México, las decisiones impositivas de las élites como el modelo del “tapado” están siendo superadas.
* Sociólogo e historiador. Investigador titular del Isunam
