Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) solicitó formalmente -el 20 de junio pasado- a la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Taissia Cruz Parcero, que las personas sujetas a procedimientos migratorios cuenten con un defensor de oficio para su protección jurídica.

De esta manera, el INM informó que busca dar cumplimiento a la determinación dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el derecho irrenunciable de las personas extranjeras -sujetas a un procedimiento migratorio- a contar con una defensa adecuada.

La autoridad migratoria propuso al Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, concretar un Convenio de Coordinación Institucional para garantizar el acceso de abogados de oficio a las Estaciones Migratorias a fin de asistir jurídicamente a las personas extranjeras alojadas.