Guanajuato, Gto. El Consejo General Universitario de la Universidad de Guanajuato (UG) debe hacer una investigación para “deslindar responsabilidades administrativas” contra el rector, Luis Felipe Guerrero Agripino, y los directivos que violaron el derecho a la libertad de expresión del periódico El Correo, al ingresar sin autorización a sus instalaciones y gritar consignas intimidatorias para exigir una réplica, recomendó el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodehg), Vicente Esqueda Méndez.

El ocho de junio, el rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, acompañado por unas 90 personas, entre directivos, académicos y estudiantes ingresaron, sin autorización y fuera del horario de oficina, a las instalaciones del periódico El Correo para solicitar una réplica a una nota de portada titulada: “Avergüenza a estudiantes y egresados caída de Universidad de Guanajuato en ranking”.

La Prodheg inició la queja 1107/2023 y el siete de junio emitió cinco resolutivos recomendación dirigidos al Consejo General Universitario.

“Se emita una disculpa pública dirigida al periódico El Correo y a su personal, de acuerdo con lo señalado en la presente resolución”, señala el primer resolutivo.

También recomendó a que “se instruya a quien legalmente corresponda para que se inicie una investigación, con el objetivo de deslindar responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas adscritas a la UG que participaron en los hechos”.

El ombudsman solicitó que se entregue al rector y a los funcionarios de la UG involucrados, un tanto de la resolución del expediente de queja, se anexe una copia en sus expedientes y se realicen las gestiones necesarias ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

En la resolución están involucrados los titulares de la Secretaría General, de la Secretaría de Gestión y Desarrollo, de la Dirección de Comunicación y Enlace, de la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios, de la Dirección de Extensión Cultural, y la Gerenta de la Orquesta Sinfónica.

Vicente Esqueda resaltó que las autoridades universitarias ingresaron sin permiso al Periódico El Correo, situación que se comprobó con las grabaciones -que realizó el personal de la UG y que fueron transmitidas en sus páginas oficiales- y a los testimonios del guardia de seguridad.

“De manera expresa y clara les dijo que no había paso (al interior del inmueble); sin embargo, aprovechando el momento en el que se abrió la reja de acceso/salida vehicular al domicilio para permitir la salida de un vehículo, personal de la UG y acompañantes ingresaron bajo el argumento de querer entregar un documento para ejercer su derecho de réplica”, destacó Esqueda Méndez.

Quedó acreditado los directivos de la Universidad de Guanajuato violaron el artículo 16 constitucional en perjuicio del rotativo de circulación estatal, recalca la recomendación.

En el interior del diario se gritaron, de manera intimidatoria, consignas: “¡Qué salgan!, “¡Abejas unidas, jamás serán vencidas!”, “El que no salga, censura”, “El Correo censura” y “El Correo censura”, refiere el ombudsman.

Por el número de integrantes de la UG, que ingresaron a las instalaciones, las consignas “se sintieron amenazadas e intimidadas; lo que constituyó una violación al derecho humano a la libertad de expresión, en términos de lo establecido en la Ley General para la Protección de Periodistas y la Ley para la Protección de Periodistas”, comprobó el titular de la Prodheg.

“Un reconocimiento a toda la colmena legendaria, ninguna tinta insidiosa, anónima y envenenada podrá dañar al panal de la UG”, exclamó el rector, en el interior del periódico, expresión que no abonó a eliminar el ambiente de intimidación, que no facilitó el debate público y el intercambio de opiniones e ideas, puntualiza la investigación de Vicente Esqueda.

Al día siguiente del ingreso, personal de la UG ofreció una rueda de prensa donde anunció que el rector preparaba una demanda por daño moral contra El Correo.

“Que sumado a los restantes elementos probatorios que obran en el expediente, genera convicción de que hubo una intención de intimidar, al haber ingresado y actuado en la forma en que se hizo al interior del domicilio”, determinó Derechos Humanos.