Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de la Ciudad de México resolverán este jueves el amparo que promovió un pequeño grupo de jubilados de Mexicana de Aviación que pide más dinero del pactado e impide la venta final de la marca y los bienes de la compañía por alrededor de 817 millones de pesos.

El fallo será decisivo para continuar la negociación con el gobierno federal; de lo contrario, las cinco organizaciones sindicales que representan a ex trabajadores y jubilados –que dieron a conocer que el tribunal listó la audiencia mañana 6 de julio– ya no tendrán la oportunidad de concretar la operación.

Este miércoles vence la prórroga de un mes que el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó el pasado 1 de junio durante su conferencia matutina, a fin de que el grupo de 229 ex sobrecargos jubilados se desistieran de los amparos y destrabar la venta de los bienes.

Las asociaciones de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), la Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) solicitaron una prórroga “prudente” para finalizar este proceso, en beneficio de más de 6 mil 500 ex trabajadores que desde hace 12 años demandan justicia.

Fausto Guerrero, presidente de la Ajteam, y José Alonso Torres, secretario de prensa de ASPA, señalaron que se solicitó una “prorroga razonable”, en virtud de que hay que esperar a ver qué resuelve el tribunal colegiado, “evidentemente estamos desfasados un día”.

En caso de que sea favorable para los más de 6 mil ex trabajadores de la extinta aerolínea, la sentencia se debe perfeccionar, es decir se debe engrosar y eso requiere entre ocho y 15 días, y posteriormente concretar la operación de compraventa con el gobierno federal.

“Nosotros apostamos a que nos van a dar la prórroga porque el tema que se va a resolver este jueves ya salió enlistado. Apostamos a la buena voluntad del Presidente a que sí nos dé la prórroga”, mencionó Guerrero.

En caso de que se ampare al grupo de 229 jubilados inconformes –que en primera instancia pidieron la mitad de los 817 millones de pesos que el gobierno federal ofreció y luego 147 millones–, el proceso jurídico “se va a alargar mucho más, el presidente ya no nos estaría esperando”, y los bienes y la marca se irán devaluando, mientras los ex trabajadores no obtendrían ya ningún pago.