Tegucigalpa. El gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció ayer que las fuerzas militares volverán a asumir el control de la mayor parte del sistema penitenciario del país, después de que 46 mujeres murieron en una cárcel por disputas entre pandillas rivales, informaron autoridades.

Poco después de asumir el poder en enero de 2022, Castro asignó el control del sistema penitenciario a la policía nacional, tras estar bajo el mandato de las fuerzas armadas en el gobierno anterior.

“La Policía Militar del Orden Público (PMOP) asume a partir del 1° de julio la coordinación, dirección y control de 21 centros penales del país, por un periodo de un año”, declaró la presidencia en un comunicado divulgado antenoche.

El sistema carcelario de Honduras cuenta con 26 penales. No se precisó qué cuerpo u organismo tendría el control de los cinco presidios restantes.

En ese año, la PMOP –dependencia de las fuerzas armadas formada por unos 5 mil hombres– deberá “reclutar, capacitar y formar” por lo menos a 2 mil custodios, se detalló en el comunicado.

Entre otras medidas, Castro aprobó extender el estado de excepción que se aplica desde diciembre pasado para hacer frente a la creciente violencia y las extorsiones de las que son víctimas transportistas, comerciantes y la población en general, y que deja las actividades de seguridad pública en manos de las fuerzas armadas, que actuarán de manera conjunta con la policía.

También se ordenó a las fuerzas armadas “preparar las Islas del Cisne (casi inhabitadas en la costa Atlántica) como una granja penal para que sean trasladados cabecillas de organizaciones criminales considerados de alta peligrosidad”.

Los anuncios se dan un día después de que Castro prometió “medidas drásticas” para hacer frente a la crisis carcelaria que quedó al descubierto tras la matanza cometida en la prisión de Tamara, la principal cárcel de mujeres del país, a unos 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.

La mandataria destituyó el martes al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y lo remplazó por Gustavo Sánchez, quien era director general de la policía nacional.

Varias reclusas de la banda Barrio 18, salieron de sus celdas, sacaron a las guardias de la prisión, se dirigieron hacia un pabellón de presas de la MS-13, comenzaron a dispararles y luego las encerraron y prendieron fuego al lugar, informaron las autoridades.