La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer conceder un amparo al empresario Gustavo Cárdenas Fuentes, quien es familiar de Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la Policía Federal señalado como parte de la red de corrupción dirigida por el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Cuatro ministros votaron contra el proyecto de sentencia que presentó su colega Luis María Aguilar Morales y que proponía otorgar el amparo. El quejoso buscaba evitar un pago de impuestos.

Horas antes de que se hiciera pública la decisión, el caso tomó estado público en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina Padilla, expuso en la conferencia matutina que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó en 2016 que, como representante legal de la empresa Obses de México SA de CV, Cárdenas Fuentes había dejado de pagar 163 millones de pesos del ejercicio fiscal 2015, que con actualizaciones suman a la fecha 342 millones.

Cárdenas Fuentes fue identificado por el gobierno federal como tío de Cárdenas Palomino.

Su empresa fue beneficiaria de diversos contratos en el sexenio pasado, en particular con la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, el Servicio de Protección Federal y los gobiernos de Michoacán y Nayarit, en servicios vinculados a artículos de inteligencia y comunicación, hasta por 600 millones de pesos, informó el procurador fiscal.

Agregó que “un dato relevante” es que Cárdenas Fuentes adquirió un automóvil Ferrari 458 Spider 2014 con un costo de 5.6 millones de pesos y recibió en donación un inmueble por 50.8 millones de pesos en septiembre de 2016, además de que ha sido señalado de formar parte de la organización criminal vinculada a su sobrino y a García Luna.

Posibles perjuicios multimillonarios

El funcionario federal instó a los integrantes de la segunda sala a descartar el amparo a Cárdenas Fuentes, pues dijo que, en caso de que concedieran el recurso, generarían un criterio que se aplicaría en otros casos y provocaría daños al erario de por lo menos 10 mil millones de pesos.

Ese impacto surgiría en procedimientos en curso, que se ejecutan en visitas de verificación del SAT, más asuntos que se litigan en tribunales federales, sostuvo Medina Padilla.

Sólo la Procuraduría Fiscal tiene más de 20 mil asuntos, de los cuales entre 2 mil y 2 mil 500 “están vivos y muy activos en los tribunales”, añadió.

López Obrador pidió a la Corte revisar a fondo y no resolver por consigna. Subrayó que “el ministro Aguilar es del bloque conservador” y pidió explicaciones sobre por qué el ponente había modificado el sentido de su propuesta.

Cambio de criterio

El caso había pasado por sucesivos recursos, llegó a la Corte y quedó en manos de Aguilar. El ministro presentó a la segunda sala tres proyectos que negaban el amparo y favorecían la posición del SAT, sucesivamente el 10 de agosto y el 13 de octubre de 2022 y el pasado 19 de abril.

Sin embargo, en su última propuesta de resolución, el ponente cambió su criterio sobre la forma de valorar los plazos aplicables al procedimiento y presentó el proyecto que otorgaba el amparo a Cárdenas Fuentes, a la postre rechazado.

Tras la derrota de la propuesta de Aguilar, el asunto fue asignado ayer a la ministra Loretta Ortiz, para que elabore un nuevo proyecto con base en el sentido de los sufragios y posteriormente sea presentado y votado.