La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció al Estado mexicano por la aprobación de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en abril pasado, que elimina definitivamente la figura de interdicción aplicada en personas con discapacidad, es decir, la restricción de la capacidad jurídica, y abre la puerta a otras reformas legales que les devuelven el derecho a la autonomía y al respeto de sus decisiones.

Destacó que las modificaciones incorporan innovaciones respecto de otros países en la modificación de códigos civiles para adaptar sus legislaciones a los estándares de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en los requerimientos y procedimientos periciales relacionados con informes médicos. “Siguiendo el estándar del derecho internacional de los derechos humanos, la reforma mexicana prevé el derecho a ejercer la capacidad jurídica universal para todas las personas”, resaltó la CIDH en un comunicado.

Además, expuso, instituye un procedimiento extraordinario para conocer la voluntad y preferencias de quienes presentan dificultades para manifestarlas, por medio de la designación de apoyos por parte de un juez competente.

La CIDH exhortó a las entidades federativas a iniciar acciones de capacitación y concientización para que las personas que estarán vinculadas con la implementación de esta reforma a escala local la pongan en práctica.