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Política

2023-06-07 06:00

A 25 años de la masacre de El Charco, la justicia aún no llega, deploran sobrevivientes

Periódico La Jornada
miércoles 07 de junio de 2023 , p. 9

A 25 años de la masacre de El Charco, Guerrero, donde murieron 10 indígenas na savi y un estudiante universitario a manos de elementos del Ejército Mexicano, sobrevivientes lamentaron que aún no haya justicia.

Por conducto de la Red Solidaria Década contra la Impunidad demandaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita su informe de fondo sobre los hechos del 7 de junio de 1998, luego de que el caso fue llevado ante este organismo hace ya 10 años.

La red, de la que son fundadores los sobrevivientes Éricka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, sostuvo que la comunidad de El Charco sigue en la total pobreza y la familia del estudiante Ricardo Zavala Tapia no ha tenido acceso a la verdad sobre su ejecución extrajudicial.

Secuelas de tortura

Destacó que tanto Éricka como Efrén mantienen secuelas de la tortura a la que fueron sometidos por militares.

Ambos fueron detenidos y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar y fueron procesados por los probables delitos de invitación a la rebelión y conspiración, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Estuvieron encarcelados un año en Acapulco; después fueron trasladados a la prisión de alta seguridad de Puente Grande, donde estuvieron dos años. Efrén estuvo ahí hasta su liberación, en tanto que a Éricka se le trasladó en 2001 a la cárcel de Chilpancingo. El 30 de mayo de 2002 lograron su libertad.

La red recordó que ambos defensores impulsaron la propuesta para que la masacre de El Charco llegara a la CIDH. “La petición de admisibilidad fue entregada por nuestro presidente, el obispo emérito José Raúl Vera López, el 16 de julio de 2012”. Agregó que la comisión le asignó el número de caso 13709 Efrén Cortés Chávez y otros, con el informe de admisibilidad número 166/18, pero falta el informe de fondo.

Refirió que el expediente fue admitido por violaciones a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, la integridad y libertad personal, así como a las garantías judiciales, entre otros.

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