Santiago. Dos cadáveres de extranjeros encontrados en el norte de Chile corresponden a personas enterradas vivas, determinó la Justicia chilena tras difundir detalles del caso este martes, en medio de la crisis de seguridad que afecta a la nación sudamericana.

La Fiscalía de Chile informó en un comunicado emitido esta jornada que los dos cuerpos fueron encontrados hace doce días en el Cerro Chuño, en la desértica región de Arica y Parinacota, en el extremo norte del país y limítrofe con Perú.

Los restos humanos correspondieron a dos personas que fueron envueltas en una bolsa de nylon y murieron debido a asfixia por obstrucción tras ser enterrados con vida a una profundidad de un metro y medio, para luego ser tapados con una base de concreto, precisó la institución de justicia.

La Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica imputó por este doble crimen a miembros del clan Los Gallegos, brazo operativo en esta ciudad de la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Arica de la Policía de Investigación de Chile, subprefecto Álvaro Astroza, aseveró que los dos cuerpos corresponden a ciudadanos venezolanos.

"Los cuales están siendo verificadas su identidad, pero se manejan opciones conforme a los antecedentes que me entregan personas conocidas de ellos, de acuerdo a las características físicas y tatuajes que presentan los cuerpos. Se está realizando la identificación científica a través del ADN con algunos familiares", precisó.

Durante el primer semestre, la seguridad ha sido el principal tema en la agenda política y social en el país sudamericano.

El asesinato del carabinero Daniel Palma el pasado 6 de abril, el tercer fallecido de la institución en un mes, obligó al Gobierno a presentar una batería de proyectos y medidas para paliar la inseguridad en la nación sudamericana.

Durante el año 2022 se registraron 934 homicidios, lo que da una tasa de 4,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Gobierno chileno.

Esta cifra, aunque está muy por debajo del nivel regional, significó un aumento de 34,33 por ciento respecto al año anterior y un alza de 67,8 por ciento respecto a una década.