Buenos Aires. El presidente, Alberto Fernández, advirtió que una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, que obligó a suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan y la nueva medida de rechazar la postulación del candidato a gobernador Sergio Uñac para su reelección, “rompe el federalismo y debilita nuestra democracia” y “es una intromisión en el proceso democrático y autonómico de las provincias”, en momentos en que se intenta avanzar sobre otras provincia y candidatos del oficialista Frente de Todos.

El mandatario opinó que se dictó una sentencia sobre Uñac sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima. Los cuatro jueces de la Corte son investigados por una comisión del Congreso de la nación para ir a juicio político.

La declaración coincide además con un procedimiento de otros jueces que integran con la Corte Suprema, el Partido Judicial que se adjudica un poder extraordinario para intentar remover al fiscal federal, Guillermo Marijuán, quien ordenó el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa abierta durante el gobierno del presidente Mauricio Macri,(2015–2019), encabezando una coalición de derecha cuando se abrieron una cantidad de causas falsas sin argumentos ni pruebas como una forma de persecución política contra la ex mandataria (2007-2019).

Además en ese período fueron detenidos preventinamente, cometiendo otra ilegalidad y afectando la Constitución Nacional, ex funcionarios del gobierno de Kirchner sin respetar los tiempos jurídicos de la “prevención” en una cárcel, donde además se montó un sistema de espionaje mediante micrófonos y cámaras ocultos, interviniendo los teléfonos, para escuchar las conversaciones de los detenidos políticos, sus familiares y los abogados defensores.

Sobre todas ésas y otras graves situaciones se está evidenciando abiertamente la celeridad con que se cerraron las causas de espionaje a los políticos, las falsas causas abiertas y otros delitos graves en el período de Macri denunciadas con pruebas irrefutables, cuando asumió en 2019 el Frente de Todos.

En este escenario han pasado siete meses del intento de magnicidio contra la dos veces ex presidenta Fernández de Kirchner, quie es la principal dirigente del Frente de Todos y la más importante en todo el país, manteniendo detenidos a los autores directos, pero, a pesar de nuevas pruebas irrefutables que aparecieron los jueces de esta causa impiden llegar a los responsables intelectuales del hecho que llevan hasta el entorno de Macri, de la Coalición derechista Juntos por el Cambio.

La reciente aparición de la ex mandataria el 25 de mayo pasado, donde una multitud permaneció bajo una lluvia incesante sin moverse de la Plaza de mayo y su alrededores dentro de la “operación Clamor” para pedirle que se postule por el peronismo gobernante, mientras todavía está entre bambalinas la proscripción que determinaron fiscales y jueces estrechamente ligados al ex presidente dela derechista Coalición Juntos por el Cambio.

La urdimbre verdaderamente mafiosa, que se tejió durante el gobierno de la coalición de derecha con el apoyo abierto de la embajada de Estados Unidos aquí contó con la complicidad de los grandes medios privados de información, los organismos de inteligencia, bajo el control del pasado gobierno, el espionaje comprobado de políticos perseguidos incluyendo a los propios, se mantiene hasta estos días.

En estos momentos intentan remover al fiscal Guillermo Marijuan, que nunca ha pertenecido a la línea del oficialismo y simplemente no ha encontrado prueba alguna que revele que existió la llamada “ruta del dinero K”, investigada sin resultados desde hace diez años por lo cual la actuación del Partido Judicial demuestra que clara y objetivamente es otra ilegal injerencia.

Teniendo que decidir ahora el juez federal de la causa Sebastián Casanello en los próximos días el sobreseimiento acaba de aparecer en que es juzgado un grupo integrantes de la ONG Bases republicanas, una de las centenares que trabajan con las fundaciones estadunidenses, que pretenden impedir el sobreseimiento de la ex mandataria.

A pesar de que no existe posibilidad de aceptar una querella en estas circunstancias se recordó que durante diez años se excavaron una cantidad de terrenos del también ilegalmente imputado empresario Lázaro Baez en la provincia de Santa Cruz, donde también se allanó la casa de la familia Kirchner. acción violatoria de la constitución nacional, cuando se envió a la policía metropolitana de esta capital para esta acción ilegal permaneciendo cuatro días allí sin encontrar el inexistente dinero.

Luego fue el departamento donde vive aquí la ex mandataria. De ambos lugares se robaron objetos y cuadros regalados a la familia., se destrozaron paredes y muebles inútilmente

De esto hasta al intento de magnicidio el pasado diciembre de 2022 todo ha sido posible para una Corte Suprema, a la que ya consideran una “dictadura judicial” distintos medios y personalidades.

En las últimas horas la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) apoyaron el pedido de Marijuán, ya que no encontraron elementos que le permitieran contradecir el pedido de sobreseimiento mantenido por el fiscal.

No se registran situaciones similares en el país, salvo durante las dictaduras militares y especialmente la más cruenta como fue la instalada entre 1976 y 1983.