La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos en las investigaciones a periodistas y defensores por el uso ilegítimo del software Pegasus. Lo anterior debido a que en los últimos años, han conocido “múltiples casos de espionaje”, recientemente contra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Llamaron a cesar “inmediatamente” cualquier acción destinada a la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia hasta tanto se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos y a instruir a todos sus agentes a que se abstengan de utilizar Pegasus de modo ilegal y que denuncien este tipo de instrucciones si viniesen de parte de sus superiores.

En un pronunciamiento, aseveraron que en la investigación sobre los casos documentados en México desde 2021 no hay avances sustanciales, ello debido al aumento de reportes sobre personas afectadas y la incertidumbre sobre si ha cesado o no el uso de Pegasus, de una compañía israelí, en contra de quienes desempeñan labores cruciales en una democracia.

La CIDH y la RELE destacaron que las medidas adoptadas hasta el momento resultan insuficientes ante la dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente.

La lista de personas presuntamente afectadas en los últimos años incluye, entre otras, a periodistas, personas defensoras, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, agregaron.

No obstante, reconocieron que el Estado mexicano transmitió a la CIDH declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 30 de mayo de 2023, en las que indicó que no se realiza espionaje contra ninguna persona, ciudadanos, periodistas ni servidores públicos.

Pese a ello, llamaron a investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables; a velar por el adecuado cumplimiento de las garantías de debido proceso, y a garantizar cooperación efectiva que facilite a las autoridades a cargo de investigación conocer sobre la información en poder de las instituciones y el sector privado concernido a fin de que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos.

“De acuerdo con los estándares del sistema interamericano, la investigación de crímenes cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos deben considerar sus funciones y labores como hipótesis principales en la formulación de líneas de investigación”, enfatizaron.

Asimismo, instaron a garantizar la adopción de todas las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la participación pública. “Ello incluye el deber de las más altas autoridades de rechazar de manera clara, pública y contundente cualquier tipo de injerencia ilegal a la privacidad de las personas por medio de la tecnología”.

También reconocieron que el 15 de mayo de 2023, la Fiscalía General de la República anunció públicamente la apertura de una nueva carpeta de investigación en relación con la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014 por parte de la Procuraduría General de la República. Dicha investigación sería por los delitos imputados "peculado", "fraude equiparado", "uso indebido de atribuciones y facultades" y "asociación delictuosa". La FGR precisó que estas investigaciones son independientes de los hechos judicializados por diversas intervenciones ilegales cometidas en la administración pasada.

La CIDH y la RELE indicaron que este tipo de prácticas de espionaje no sólo vulnera el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana, sino también tiene el potencial de poner en riesgo la integridad de personas periodistas y defensoras, a la vez que incrementa la autocensura en la prensa y desincentiva las labores de defensa de derechos humanos.