La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE), encargada de revisar los ingresos y gastos de los partidos políticos, presenta un rezago histórico de 248 asuntos, algunos de los cuales tienen origen en 2018, de acuerdo con datos oficiales.
David Isaac Ramírez Bernal, designado durante la semana como encargado de despacho de la UTF, señaló que la fiscalización debe ser rigurosa, estricta, sin reducir estándares, aunque al mismo tiempo les ofreció diálogo preventivo; es decir, aclarar sus dudas antes de que se aplique una sanción.
Hasta hace unos días era asesor del consejero Uuc-kib Espadas, quien lo propuso para el nuevo cargo. En entrevista, dijo que los partidos “no son adversarios”.
Y si bien desde hace décadas tiene amigos en todas las fuerzas políticas, partió de la base de no bajar estándares de fiscalización.
“Insisto, la fiscalización debe ser rigurosa, pero no rigorista. Revisemos la conducta y si hay lugar a la sanción, ésta caerá por sí misma.”
El funcionario es licenciado en relaciones internacionales por la UNAM y maestro en economía y política internacional por el CIDE; en ambas casas de estudios ha sido profesor –y también sindicalista en el CIDE–, al tiempo que se desarrolló como asesor de legisladores.
Al inicio de su carrera militó en varios partidos, como el Mexicano de los Trabajadores y en el Mexicano Socialista, del que fue dirigente y candidato a legislador, y en 1993 dejó la militancia partidista. Por tanto, tampoco ha militado en Morena, acotó.
Ramírez Bernal tiene una trayectoria de 23 años como analista de fiscalización de los recursos públicos entregados a partidos.
Puntualizó que su objetivo al frente de la UTF es fortalecer las razones por las cuales se sanciona, y fundar las multas “sin filias ni fobias”, sólo a partir de evidencias.
Es decir, dijo, la fiscalización no busca obsesivamente imponer sanciones, sino evaluar en sus méritos las conductas de los partidos en materia de ingreso-gasto, con base en lo que establece la ley, sin ningún otro tipo de consideración.
Tan sólo para el año en curso, las prerrogativas a partidos ascendieron, en conjunto, a 6 mil 233 millones de pesos. Al momento de comprobar gastos entra en acción la UTF, aunque también vigila los recursos aplicados en comicios locales.
Ante un ejemplo de las resoluciones de la UTF, cuando la autoridad electoral dijo que Félix Salgado Macedonio no había presentado el informe de gasto de precampaña para la contienda por la gubernatura de Guerrero, Ramírez Bernal expuso que la fiscalización no es un tema de rigidez o permisibilidad, sino de aplicar la ley de modo prudente y con pruebas.
Los informes de la UTF se ponen a consideración de la Comisión de Fiscalización y, a su vez, de ahí pasa al consejo general del INE, cuyas resoluciones pueden ser impugnadas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
