Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “como se dice coloquialmente, ya la perdimos.

“Siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora, de manera más descarada, está al servicio de la oligarquía”, señaló el mandatario durante la mañanera.

El fallo de los ministros para cancelar en definitiva el decreto presidencial de noviembre de 2021, que consideraba de seguridad nacional obras estratégicas del gobierno, refleja un divorcio entre el interés popular y la conducción de la Corte, advirtió. Sin embargo, López Obrador minimizó el impacto de la resolución porque, dijo, viendo el sentido en que se perfilaba el fallo, se adelantó a emitir un nuevo decreto con el mismo contenido que el anterior.

De esa forma, el Ejecutivo pudo evitar que se detuvieran las obras en el sureste del país. “Y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial”.

Para López Obrador, la resolución del lunes evidencia que los ministros viven en otro mundo, que hay un divorcio completo con el interés popular. Consideró que la SCJN es un aparato que simula la impartición de justicia.

De ahí la necesidad de una reforma al Poder Judicial, ahora muy influido por un conjunto de abogados al servicio de los intereses económicos, mediante las relaciones públicas, el llamado lobby, añadió.

El mandatario mencionó entre esos litigantes al ex ministro José Ramón Cossío; al abogado Miguel Carbonell y a Fernando Gómez-Mont, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio calderonista y “ahora es uno de los abogados más ricos de México”.

Desde el arranque del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, recordó, comenzaron la promoción de amparos para detener las principales obras del gobierno, a partir de su estrategia principal: el tráfico de influencias.

Consideró viable llevar la designación de ministros a la elección popular, siempre que los candidatos cumplan ciertos requisitos y sean postulados por cualquiera de los tres poderes. Expuso que criterios para la postulación serían que los aspirantes tengan un buen nivel académico, que para el caso de los ministros podría ser de doctorado o maestría, y que sean personas honestas y con vocación de justicia.

En ese supuesto, habría un periodo para la difusión de sus trayectorias y propuestas sobre el ejercicio de la justicia, para que sean conocidos por la población que los va a elegir, subrayó.