La Habana. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) regresaron ayer a la mesa de diálogo, informó esta guerrilla en La Habana, tras una “pausa” que se debió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre las actividades ilícitas que sostienen algunos frentes guerrilleros.
“Retomamos las sesiones ordinarias de la mesa de diálogos, después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones sobre las recientes intervenciones del presidente Petro”, informó en comunicado la delegación negociadora del ELN.
El grupo guerrillero se comprometió a articular “las visiones y propuestas aportadas” por Petro a los acuerdos que las partes han tomado durante las rondas de negociaciones previas en México en marzo y en Caracas en noviembre.
Petro señaló el viernes ante militares de su país que, aunque algunos frentes del ELN por su “autonomía” se acercan a la postura del gobierno colombiano de querer alcanzar la paz, hay otros que con la “misma bandera” tienen como razón de ser la economía ilícita, que incluye el narcotráfico.
“Hay que resolver el tema de la economía ilícita”, afirmó Petro. La declaración generó la reacción de la delegación negociadora del ELN que suspendió los trabajos, pidió una aclaración y señaló que esos pronunciamientos contradicen el estatuto político que el gobierno da al grupo guerrillero.
Al dar inicio la tercera mesa de negociaciones en La Habana, las partes reafirmaron su voluntad de alcanzar un alto el fuego y coincidieron en la necesidad de incluir la participación de la sociedad en el proceso de paz.
En tanto, el ex líder paramilitar Salvatore Mancuso reconoció antela Jurisdicción Especial de la Paz que los escuadrones de ultraderecha que dirigía a finales de los 1990 tenían orden de asesinar a Petro.
Desmovilizados en 2006 bajo un acuerdo con el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), estos ejércitos sembraron terror en su lucha a sangre y fuego contra las guerrillas izquierdistas y operaban con apoyo de algunos miembros de la fuerza pública.
Petro, ex rebelde del grupo guerrillero M-19 que depuso las armas en 1990, y otros líderes de izquierda “fueron parte de los objetivos militares” de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, admitió Mancuso en su último de cuatro días de comparecencia ante de la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal encargado de investigar los peores crímenes del conflicto colombiano.
