Ciudad de México. En la alcaldía Benito Juárez, cuyo titular es el panista Santiago Taboada Cortina, no sólo existe el cártel inmobiliario, sino el del comercio en vía pública, en el que los trabajadores son víctimas de presuntos actos de acoso y extorsión por parte de servidores públicos de la demarcación, acusó el concejal Armando Dionisio Alcántara.

A decir de Dionisio, se trata de un modus operandi que aplican los funcionarios, a fin de pedir moches que van de 80 a 600 pesos por turno, y hasta 60 mil pesos para uso de diversos espacios en zonas de alta afluencia de transeúntes, principalmente en salidas del metro, como Portales o Mixcoac.

Dichos cobros son adicionales a las cuotas que por ley deben pagar los trabajadores a las autoridades del gobierno central, vía el Sistema de Comercio en Vía Pública.

El acoso, dijo, se ha agudizado a unos meses del arranque del proceso electoral, en el que Taboada pretende participar como candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno en 2024.

“Los comerciantes de la vía pública están siendo extorsionados, intimidados, los despojan de sus espacios, no los dejan trabajar a menos que ellos se sometan a las condiciones que impongan las autoridades de la alcaldía, y también al pago que se exige, son cantidades fuertes para instalarse o mantenerse, incluso ahorita.

“Ahora que viene la época electoral les piden un recurso que puede ser de 10 mil o 14 mil pesos como apoyo. Es un modus operandi, y los que no quieren estar son retirados de manera muy fuerte”. Por ejemplo, de una decena de informales a las afueras del Metro Portales, sólo uno tiene permiso oficial para vender, el resto da mordida, denunció.

Sobre el actuar de los funcionarios, el concejal detalló que forman parte de un grupo llamado Lobos, que se dedican a reordenar el espacio público y son quienes solicitan los pagos ilegales.

“Pasan en una camioneta y les cobran a nombre de Alejandro Vázquez –jefe de la Unidad Departamental de Ordenamiento y Comercio en Vía Pública–; esto es parte del modus operandi, porque cuando los comerciantes hacen la denuncia no pueden vincular directamente al funcionario, debido a que él no se presenta personalmente. Ellos son corruptos pero no son tontos.”

Ayer esta casa editorial publicó la historia de un comerciante que, a pesar de pagar por un espacio en la esquina de Insurgentes y Extremadura, la alcaldía lo retiró y le quitó sus pertenencias, debido a que no accedió a pagar una mordida de 40 mil pesos; eso derivó en la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia.