Ciudad de México. El Consejo General de la Abogacía Mexicana se pronunció a favor de la defensa de la autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como máxima instancia judicial en México.

Aseveró que los ministros tienen la responsabilidad de aplicar e interpretar la Constitución y que es fundamental que puedan ejercer sus funciones sin injerencias políticas o presiones externas.

Añadió que la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) es un instrumento jurídico legítimo y la suspensión otorgada por la SCJN forma parte de un proceso legal en curso que busca garantizar el cumplimiento de la Constitución y la preservación del sistema democrático en el país.

Cabe recordar que la noche del viernes pasado la SCJN suspendió por tiempo indefinido la entrada en vigor de la reforma electoral impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como del plan B, al admitir a trámite la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE.

El ministro Javier Laynez Potisek admitió la demanda y concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.

El INE presentó la controversia constitucional el 9 de marzo y combate el decreto que reforma las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023.

Impugna 200 artículos de la reforma por vulnerar 25 disposiciones de la Carta Magna relativas a derechos laborales de los empleados del INE y derechos políticos de la ciudadanía.

Este acuerdo se refiere a la segunda controversia interpuesta por el INE; la primera fue entregada el 1º de febrero contra los cambios a las leyes General de Comunicación Social y Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.