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Política

2023-03-26 12:32

Desmienten miembros del SME compensaciones millonarias

Un grupo de ex trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas desmintió que la administración federal actual les haya asignado compensaciones millonarias.
Un grupo de ex trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas desmintió que la administración federal actual les haya asignado compensaciones millonarias. Foto cortesía del Frente Amplio de Unidad-SME

Ciudad de México. Un grupo de ex trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desmintió que la administración federal actual les haya asignado compensaciones millonarias, toda vez que ellos –sostuvieron– durante toda su vida laboral aportaron los recursos necesarios para su retiro en un fondo de previsión social que ascendió a más de 113 mil millones de pesos, que administró la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Ramón Pacheco Llanes, presidente del Comité Ejecutivo del Frente Amplio de Unidad (FAU), puntualizó que dichos recursos corresponden a los afiliados, a quienes les descontaron semanalmente 3 por ciento de sus ingresos para este fondo, que incluye sus jubilaciones y un seguro sindical.

De acuerdo con sus estados financieros con corte a agosto de 2009 –dos meses antes de su extinción–, LFC reportó un monto de 113 mil 698.46 millones pesos para constituir dicho fondo, que se creó en los años 30 con la firma de su contrato colectivo.

Fue en agosto de 2022, cuando la actual administración formalizó el programa de compensación vitalicia para dar apoyos a 9 mil ex trabajadores que vieron truncada su jubilación con la extinción del organismo, ordenada por la administración de Felipe Calderón en 2009 y que dejó desempleados a 45 mil electricistas.

El programa fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 10 de febrero de ese año en su conferencia de prensa matutina, en la que se detalló que será el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) el que aportará los recursos, que ascienden en el primer año a mil 458 millones de pesos. Rosendo Flores, ex dirigente del SME al momento de la desaparición de LFC, acudió en esa ocasión en representación de los ex electricistas.

El decreto establece que los trabajadores que tenían 19.6 años de trabajo recibirán 50 por ciento de su salario, monto que se incrementará gradualmente hasta 100 por ciento para quienes tenían 24 años y seis meses o más, pero no podrá exceder 67 mil pesos mensuales.

En entrevista, Pacheco Llanes, señaló que de los 9 mil ex trabajadores, 7 mil ya reciben los apoyos mensuales desde enero pasado, y explicó que el resto se incorporarán al programa una vez que se aclaren aspectos como la antigüedad y los salarios que recibían hace 13 años.

Precisó que de las 9 mil personas que accedieron al beneficio, menos del uno por ciento alcanzarían la cantidad mensual tope de 67 mil pesos. Se trata, subrayó, de 180 ex trabajadores de confianza a los que se incluyó en el programa de compensación como “un acto de justicia social, sin excluir a nadie, como instruyó el Presidente”.

El dirigente del FAU detalló que la mayoría de los ex trabajadores, del universo mencionado, cobran pensiones que de entre 8 mil y 10 mil pesos, en tanto que otro grupo entre 15 mil y 20 mil pesos.

El apoyo que están recibiendo, consideró, no se compara con lo que estarían recibiendo si hubieran alcanzado la jubilación de manera “natural y no hubieran hecho pedazos nuestro contrato colectivo”.

Respecto al seguro de vida, resaltó que también estaba pactado en su CCT; se denominó “seguro dinámico” que aumentaba cada año. Incluso, señaló, la cobertura de 350 mil pesos por este concepto, “no llega ni al 20 por ciento” de lo que le correspondería a un ex electricista si se hubiera jubilado conforme a sus derechos adquiridos.

Pacheco Llanes adelantó que en las próximas semanas se tratará lo referente a la reinserción laboral de alrededor de 20 mil ex trabajadores. Esta cifra, dijo, se irá depurando durante las negociaciones que encabeza Rosendo Flores, ya que –comentó- hay personas con condiciones de salud precarias, pero conforme el propósito es buscar un mecanismo que les permita a todos regresar a laborar o les compense “lo que les fue arrebatado” en 2009.

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