Washington. No todos los granjeros y científicos en Estados Unidos se oponen a la decisión de México de desautorizar el uso del maíz genéticamente modificado destinado a la alimentación humana como también del uso del glifosato, la herbicida empleado ampliamente en el cultivo del maíz.

“Opinamos que México tiene todo el derecho de pedir lo que desea”, afirma Lynn Clarkson, un granjero que también es la ejecutivo en jefe de la empresa Clarkson Grain con sede en Illinois. “Como proveedor, Estados Unidos debería de darle a sus clientes lo que ellos quieren”. En entrevista con La Jornada, Clarkson dijo que Estados Unidos tiene la capacidad de proveer a México con todo el maíz blanco no transgénico que necesite, aunque para ampliar las exportaciones requiere un plazo de 18 meses de adelantado para hacer el pedido de semillas y cultivar ese maíz.

Aunque Clarkson Grain es una empresa pequeña en comparación con otras de ese tipo en Estados Unidos, es una pionera en su sector en la producción y venta de maíz y soya orgánicos y no genéticamente modificados. El ejecutivo Clarkson es un experto en la agricultura no genéticamente modificada y en el pasado ha sido parte de páneles de asesoría para la Secretaría de Agricultura y la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR).

Clarkson comentó que “es absolutamente raro que una nación que dice ser capitalista esté negando al cliente lo que desea”. Agregó que “no soy misionera para los productos genéticamente modificados o no modificados. Soy misionera para darle al cliente lo que quiere”.

Sobre la afirmación de la Asociación de Cultivadores de Maíz de Estados Unidos y otras organizaciones de que en Estados Unidos no es posible cultivar la cantidad de maíz no modificado que quiere México, responde que “no hay ni duda de que Estados Unidos sí podría proveer el maíz no genéticamente modificado”.

Agregó que probablemente habría un pequeño costo adicional en le precio y que tardaría un poco más -hasta dos años- para producir más semilla no modificada, pero si México lo quiere, se puede lograr.

Bill Freese, el Asesor de Políticas Científicas en el Centro por la Seguridad Alimenticia, es más franco. “Es escandaloso que Estados Unidos esté intentando obligar a México aceptar el maíz transgénico con residuo del glifosato”, comentó en entrevista con La Jornada. “Pensamos que Estados Unidos debería de dejar de bullying [intimidar] a México para que importe este tipo de maíz. Mexico es un país soberano que debe decidir qué importar o no”.

De hecho, Freese cree que México le está haciendo es un favor al mundo al elevar las preocupaciones sobre el maíz transgénico. “Está claro que el glifosato es un carcinogeno conocido. La Agencia Internacional por la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de Salud (OMS) clasifico al glifosato como probablemente carcinogénico para los humanos”.

La organización de Freese, el Centro de la Seguridad Alimenticia, encabezó la demanda judicial que obligó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) a retirar su declaración de que el glifosato era seguro para humanos y que no tenía impacto sobre los ecosistemas.

Pero Freese también advierte que México debería de ser cauteloso en evaluar la evidencia científica sobre los peligros del glifosato y el maíz transgénico. Señala que mientras científicos en entidades como la OMS han concluido repetidamente que el glifosato en particular es peligroso para la salud, agencias reguladoras frecuentemente son presionadas de manera exitosa por los intereses económicos que supuestamente están vigilando, y por lo tanto han sido más renuentes en resaltar los peligros de los productos transgénicos.

Por ejemplo, en su demanda contra la EPA, la organización de Freese descubrió memorandos que sugerían que los empleados de la agencia federal estaban trabajando junto con Monsanto, la multinacional cuyo producto RoundUp usa el glisofato (ahora esa empresa es parte de Bayer).

Freese y Clarkson señalaron por separado que México no es el único país que está siendo presionado por Estados Unidos para usar productos genéticamente modificados, incluyendo la Unión Europea y Japón.