El embarazo de adolescentes sigue en ascenso en Michoacán. El año anterior sumaron 12 mil 579 mientras que en 2021 fueron 11 mil 440, informó el director del Consejo Estatal de Población (Coespo), Apolinar Josafat Mendoza. “Hay un foco rojo en 30 municipios que tendrán atención prioritaria en este año”.

La tendencia en embarazos de adolescentes e infantil en el estado no es nueva, de 1985 a 2017, se registraron 14 mil 684 embarazos y están documentados siete fallecimientos. “La meta es erradicar los embarazos en niñas de 10 a 14 años y en un 50 por ciento en adolescentes de 15 a 19 años”.

Datos estadísticos del Coespo indican que en 2018 se reportaron más de mil nacimientos de madres menores de 19 años, de los cuales 600 fueron de mujeres menores de 15 años y Molia, Lázaro Cárdenas, Múgica, Gabriel Zamora, Paracho, Nahuatzen, Cherán, Copándaro, Ocampo, Ziracuaretiro, entre son los municipios con mayor número de casos.

De acuerdo a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y organizaciones feministas como Equipo de Mujeres en Acción Solidaria, las adolescentes embarazadas, se enfrentan a mayor probabilidad de parto prematuro, bajo peso al nacer, aborto, muerte materna infantil, pobreza, desnutrición y violencia.

Sin contar las consecuencias como el rezago educativo, desigualdad en el acceso a las oportunidades, desempleo, deserción escolar, mayores apoyos gubernamentales, nulos y pocas oportunidades de trabajo.

Es importante que no se criminalice a las niñas que fueron víctimas de violencia sexual porque no se trata de niñas relacionándose con niños, sino con adultos que deben de ser considerados como agresores sexuales y la mayor de las veces son personas que las víctimas conocen y conviven con ellas, declaró a medios locales Guadalupe León, jefa de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del estado.

Dijo que Michoacán se encuentra en el grupo de entidades con tasas de fecundidad más altas a nivel nacional que registra 66 o más nacimientos por cada mil adolescentes. “Aunque hay avances en reducir al menos los embarazos en el grupo de población de 15 a 19 años de edad, en la entidad todavía se requieren trabajos en las comunidades para reducir el número de menores embarazadas, ya que esta condición repercute directamente en todos los aspectos de calidad de vida.

Una de las principales demandas, a decir de grupos feministas, es que se mejore el ámbito legal, junto con el acompañamiento psicológico y de salud pública para que una menor que fue víctima de violencia sexual, pueda interrumpir el embarazo, además de que no permanezcan impunes las agresiones sexuales.