La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que, bajo el argumento de que en un local tenían a una persona privada de su libertad, y sin contar con orden de cateo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la Fiscalía General estatal, sometieron a los empleados del negocio en el municipio de Río Blanco, “torturándolos para que se declaran culpables”. Seis de los detenidos, el 19 de junio de 2021, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial sin informarles los delitos que se les imputaban, y cuatro de ellos fueron víctimas de tortura física y sicológica. El organismo emitió una recomendación dirigida al gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal, Verónica Hernández.