A tres años de de la pandemia de covid-19, el mundo está ante “una verdadera crisis de la deuda internacional (…) hay como 80 países del sur global que están al borde del default (dejar de pagar sus obligaciones)”, y algunos ya cayeron en él, dice a La Jornada Éric Toussaint, portavoz de la red internacional del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas. Sin embargo, ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni el Banco Mundial (BM) prepararon un nuevo choque externo después de la pandemia y la guerra, añade.

“El fondo siempre ha tenido un argumento de doble rasero: restringe a los países más pobres mientras a los más ricos los premia promoviendo el uso de políticas fiscales expansivas. Aunque al inicio de la crisis económica derivada de la pandemia habló en general de una política fiscal más flexible a nivel global: ‘utilicen su gasto público y expándanlo’, ¿quiénes pueden hacer esto? Realmente son pocos los países que pueden hacer uso del gasto público sin problemas de manera fuerte”, explica Moritz Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El resto –que es básicamente todo el sur global: África, Latinoamérica, los países sudasiáticos– tienen problemas de ingreso y gasto y la única manera de financiar este último es pidiendo préstamos”, señala Cruz. Ambos investigadores exhiben que el vuelco de discurso de los organismos internacionales en medio de la caída de la actividad más honda desde la Gran Depresión no modificó sus prácticas. Las condiciones que imponen, sobre todo el FMI, para que los países tengan acceso a divisas, son adoptar un modelo económico donde ni el Estado ni su gasto público en el desarrollo es central, refieren.

En los meses iniciales de la pandemia, la narrativa de los organismos financieros internacionales se desencajó ante una crisis que por primera ocasión en casi un siglo no era provocada por la especulación del sistema financiero, sino que estallaba en el sector real de la economía por el cese en la producción; no empataba con la disciplina fiscal que fue dogma en las últimas tres décadas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), como en 2008, de nueva cuenta llamó a los rescates e intervención del Estado, a la inversión pública para que privados salieran a flote, pero ahora hizo énfasis en la expansión del gasto de gobierno –antes estigmatizado en aras de la consolidación fiscal–. Parte de sus economistas incluso abogaron por “políticas de tiempos de guerra”; “acciones invasivas por parte de los estados para garantizar suministros claves”, preferir contratos públicos para insumos críticos, incluso “nacionalizaciones selectivas” (https://bit.ly/3m9AxYy); al tiempo que se urgió a extender apoyos sociales a los hogares y financiar investigaciones en pos de vacunas que terminarían privatizando las farmacéuticas.

Ahora el FMI alerta del riesgo de impagos que arrastran sobre todo los países más pobres, pero no promueve condiciones para facilitar también el cumplimiento de algunos de renta media, cuyas deudas han escalado por el incremento en las tasas de interés.

La presión sobre las deudas públicas fue instigada por las tres calificadoras más importantes –Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s–, las cuales se aprestaron a hacer recortes en las notas con las que evalúan el riesgo de que un emisor no pague. Aunque quisieran endeudarse para aumentar el gasto y extender apoyos a la población, decenas de países no tenían acceso al crédito, y si podían hacerse de uno era a tasas muy altas. Tan sólo Fitch Ratings rebajó 33 calificaciones soberanas en la primera mitad de 2020, entre ellas las de México, más que en cualquier otro periodo.

“El modelo (promovido por el FMI y el BM) tiene una responsabilidad muy grande en la fragilidad de los países para enfrentar choques externos, precios de los alimentos y combustibles (…). La inmensa mayoría de los países, incluido México, no estaba en condiciones de enfrentar la pandemia”, destaca Toussaint. Parte del problema son las condiciones impuestas por los organismos para aprobar un crédito, entre ellas abrir al máximo la economía, sus exportaciones, la extracción de las materias primas, un “colonialismo disfrazado” que consiste en obtener recursos de otras naciones para financiar la riqueza de unas pocas, sostiene Cruz.

Uno de los efectos de esta apertura, desarrolla Toussaint, es el abandono de la industria farmacéutica local, de producción de genéricos, con excepción de India y Cuba –esta última no hace parte del FMI ni del BM y tiene “una industria farmacéutica de alto nivel”–. Esos organismos argumentaron que “los estados no tienen la capacidad de producir” y promovieron que los gobiernos desinvirtieran en industria pública farmacéutica y otorgaran el monopolio al sector privado, puntualiza.

“El número de muertos no sólo debido a la vacuna, sino también al debilitamiento de los hospitales públicos, se debe a 30 años de reducción en el gasto público en salud (…) Se murieron personas que hubieran sobrevivido si no fuera por la política que impuso el FMI, el tipo de modelo neoliberal, y el Banco Mundial”, explica Toussaint. Sostuvieron una “profecía autorrealizadora”, intervinieron para desbaratar las industria pública y servicio público de la salud y luego dijeron que sólo la iniciativa privada tenía condiciones para preparar las vacunas, manifiesta.

Fondos públicos, sobre todo en Estados Unidos, se usaron para desarrollar las vacunas, mientras el negocio de reservar las nuevas patentes ha incrementado en 275 mil millones de dólares el valor de las seis empresas farmacéuticas más importantes en el desarrollo del antígeno: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, BioNTech y Novavax, la cuales al cierre del año pasado valían 947 mil 538 millones de dólares en los mercados financieros.

Moritz Cruz recalca que en la actualidad los organismos internacionales volvieron a lo de siempre: promover políticas de austeridad fiscal que frenan el crecimiento sin antes negociar un perdón amplio de deudas públicas, “que sería fundamental” para acelerar la recuperación. Detalla: “es como caer en un círculo vicioso: frenas el crecimiento con esas políticas, ahondas la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo y luego tienes que volver a pagar, volver a pedir prestado. Es un problema que nunca resuelves, lo único que no puedes hacer es dejar de pagar”.

La fragmentación

Los nulos movimientos que los investigadores advierten en la planeación macroeconómica de los organismos internacionales no se replicaron en la producción. Por un lado, con el avance tecnológico, hasta 30 por ciento de los trabajadores en América Latina pudieron trabajar desde sus casas, pero también la crisis de contenedores y el cuello de botella por la reapertura parcial en China llevaron a que el costo del transporte marítimo de ese país a Norteamérica se disparara 400 por ciento y hacia Europa 600 por ciento, lo que impulsó el encarecimiento de algunos bienes.

La necesidad de relocalizar las cadenas de producción dada la evidencia dejada por la pandemia, conocida como nearshoring o reshoring, ha hecho una fisura en la forma en que hasta ahora se venía desenvolviendo la globalización –referida por el FMI como “el libre flujo de ideas, personas, bienes, servicios y capital a través de las fronteras nacionales (que) conduce a una mayor integración económica”–, para dar paso a “la fragmentación geoeconómica”, la concentración de producción en bloques de países cercanos.

Contra esta tendencia, el FMI ha publicado varios artículos. Harold James, historiador del organismo, destacó que justo se atribuye a esa interdependencia el encarecimiento de precios, pero “existe un patrón histórico de globalización que impulsa la desinflación (…) Históricamente, la respuesta inicial a una volatilidad amenazante es correr en la dirección opuesta y buscar una mayor autosuficiencia. Ese curso, sin embargo, rara vez tiene éxito. Aumenta los costos y alimenta la inflación (…) la globalización constituye la verdadera Ley de Reducción de la Inflación”.

La globalización impulsó a China como potencia económica, pero también es un proceso en el que grandes trasnacionales occidentales, norteamericanas, europeas, aprovecharon el costo muy bajo de la maquila en el país asiático, como lo hacen en México, para disminuir sus costos de producción y tratar de aumentar su tasa de ganancia, detalla Toussaint. El mayor peligro de fragmentación para esas empresas son los salarios, porque en países del norte deben garantizar mejores condiciones laborales. Así que el FMI, el BM, y la Organización Mundial del Comercio, como “instituciones internacionales totalmente ligadas a los intereses de las grandes trasnacionales del norte”, se oponen.

En el ámbito financiero, Cruz refiere que el resultado de las políticas de globalización que fomentan préstamos internacionales se “desenmascaró con la crisis: benefició a muy pocos, a los grandes países del norte, las potencias, donde se acrecienta la riqueza y el resto se queda con severos problemas”.

El investigador de la UNAM concluye que el FMI no cambiará sus posturas, mientras siga regido por Estados Unidos, se mantenga la hegemonía del dólar en el comercio internacional y la deuda pública, y los países en desarrollo no cuenten con flujo de divisas para hacer frente a sus problemas de balanza de pagos que les exente de tocar la puerta de un organismo que en esos contextos se presenta como “el gran salvador”.