Ciudad de México. Vecinos de diversas alcaldías, organizaciones ciudadanas, académicos, representantes vecinales y de comisiones de participación comunitaria urgieron al Congreso de la Ciudad de México para que agilice la reforma constitucional que modifica los plazos para la expedición y entrada en vigor del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial.

Tras la renuncia del titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) Pablo Benlliure, En un llamado urgente al legislativo local, advirtieron del riesgo de que una vez iniciado el año electoral 2023-2024 el próximo mes de septiembre, podría cerrarse la oportunidad de que “esta ciudad tenga planeación en este sexenio y sus habitantes podamos aspirar a que exista un orden en el territorio”.

El llamado, extensivo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, plantea realizar otras adecuaciones al merco normativo como suprimir el requisito de que los integrantes del Consejo Ciudadano del IPDP cuenten con título profesional, como dispone la Ley Orgánica del Sistema de Planeación, así como que sea el Comité Técnico de Selección el que emita la Convocatoria y designe a sus integrantes.

El grupo, en el que firman organizaciones como el Movimiento Urbano Popular, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, la Unión de Vecinos Hipódromo y el Frente por la Defensa de los pueblos y barrios originarios de la cuenca de Anáhuac, entre otros, señala que aún es posible “hacer las modificaciones y adecuaciones necesarias para llevar a cabo un proceso de planeación que permita la participación plural, suficiente y expedita retomando las opiniones y avances que la ciudadanía ha emitido, y abriendo los mecanismos para que se continúen las aportaciones y se genere una mayor participación, mientras se continúa el proceso de sistematización”.

Añade que dentro de este proceso es necesario ademán nombrar a los integrantes ciudadanos faltantes en el Directorio Técnico, cinco de 15, y de la Junta de Gobierno, cuatro de siete consejeros ciudadanos, a fin de garantizar el equilibrio establecido en la Constitución al interior del Instituto de Planeación, al advertir que hoy tiene ocho representantes de gobierno y solo tres ciudadanos en dicho órgano colegiado.

Y faltan además dos de 11 integrantes del Comité Técnico de Selección, órgano responsable de elegir a los especialistas y ciudadanos que formarán parte en el IPDP.