Pachuca, Hgo. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que los bienes inmuebles y vehículos asegurados en los recientes operativos para combatir el “huachicol” podrían ser incorporados al Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado para que sean rematadas.

En total son veinte los inmuebles así como los 120 vehículos asegurados en municipios y localidades tipificadas como “huachicoleras” .

Los bienes raíces se ubican de forma particular en los municipios de Tula, Cuautepec, Tulancingo y Santiago Tulantepec.

También se han asegurado 120 vehículos. De acuerdo a los partes informativos que emitió la policía estatal tras los operativos realizados en enero pasado en Tula y Cuautepec, la mayor parte de los automotores asegurados son pipas, camiones de carga y camionetas de diversos modelos usados para transportar contenedores así como tambos usados para transportar gasolina.

Tras puntualizar que el Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado va a entrar en funciones en los próximos días, Menchaca comentó que en breve se va a designar al titular esa dependencia así como la plantilla laboral.

Explicó que para sustentar de forma legal la entrega de los bienes asegurados en los operativos anti huachicol es necesario primero cumplir con la extinción de dominio de los mismos.

Al respecto, Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) informó que solicitarán al Tribunal Superior de Justicia en el estado, la extinción de dominio de propiedades y bienes asegurados por delitos del fuero local vinculados al robo de combustible.

“No solamente se trata de detener a los huachicoleros o a sus líderes, sino se necesita detener la estructura financiera y patrimonial que les da fuerza, básicamente con los bienes muebles e inmuebles que poseen”, dijo el funcionario.

Aseveró que con la extinción de dominio de casas, edificios y otros inmuebles al igual que de vehículos y que sean de procedencia ilícita, como es el haberlos adquirido con los recursos procedentes del robo de combustible, también se vinculan a otros correspondientes al fuero local, de los cual se basará la PGJEH para pedir que estos pasen a manos del estado, además de que solicitará la intervención de las autoridades federales para el congelamiento de las cuentas, mismas que se buscará asegurar en su momento.