Pachuca, Hgo., En las cuentas públicas de cinco municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, se detectaron irregularidades por un monto de 126.6 millones de pesos, informó la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH). El monto equivale al 74.91 por ciento del total de las anomalías encontradas en la administración pública estatal que fue de 169 millones 710 mil 809.88 pesos.
En la presentación del informe de las revisiones contables, en el Congreso local, la ASEH dio a conocer que los ayuntamientos de Tula, Atitalaquia, Pisaflores, Pachuca y Tepeji del Río presentan observaciones por 126.6 millones de pesos.
Detalló que Tula de Allende no justificó la erogación de 60 millones 940 mil pesos; Atitalaquia, 27 millones 642 mil pesos; Pisaflores, 26 millones 697 mil pesos; Pachuca, 8 millones 239 mil 906 pesos y Tepeji del Río, 3 millones 254 mil pesos.
En Pachuca, Atitalaquia y Tepeji del Río gobierna el PRI, los ediles son Sergio Baños Rubio, Lorenzo Hernández Olguín y Salvador Jiménez Calzadilla, respectivamente.
En 2021, Pisaflores también tenía una administración priísta, encabezada por el alcalde Luis Francisco González Garay, pero fue destituido tras ser involucrado en el caso de la red de desvío de recursos conocida como la estafa siniestra.
Actualmente el presidente municipal es Ricardo García Torres, quien fue asignado por el cabildo; mientras, en Tula de Allende, el gobierno está a cargo del perredista Manuel Hernández Badillo.
Jorge Valverde Islas, titular de la Auditoría Superior, detalló que en el sector paraestatal el listado de irregularidades financieras lo encabeza la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con 14 millones 745 mil 294 pesos; la Universidad Tecnológica de la Huasteca hidalguense, con 3 millones 717 mil 220 pesos.
Lo mismo, la Universidad Politécnica de Francisco y Madero y la de Pachuca, con 2 millones 521 mil 161 mil pesos y 2 millones 39 mil 183 pesos, respectivamente, así como el Centro de Conciliación Laboral de Hidalgo, con un millón 383 mil 943 pesos.
En tanto, el Poder Judicial hizo erogaciones de recursos públicos que no fueron justificados por 633 mil 409 pesos.
También se encontraron irregularidades en organismos descentralizados, principalmente los operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los municipios de Jacala, Progreso, Zimapan, Santiago Tulantepec y San Salvador.
Valverde Islas advirtió a los responsables de los ayuntamientos y entes observados que cuentan con 20 días hábiles para subsanar las omisiones.
Informó a los integrantes de la 65 Legislatura local, que se practicaron 234 auditorías en las que se encontraron diversas irregularidades administrativas, entre ellas omisiones en los registros, deficiencias en los controles, incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y difusión de información financiera.
Precisó que se emitieron mil 47 recomendaciones y se generaron 215 pliegos de observaciones.
