Chilpancingo, Gro., Alrededor de 150 familiares de víctimas de la llamada guerra sucia (entre 1969 y 1979) protestaron ayer frente a las instalaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate, en esta capital, para exigir a la Fuerza Aérea Mexicana dar a conocer los nombres y el número de personas que fueron lanzadas al mar, en lo que se conoció como los vuelos de la muerte, y el castigo impuesto a quienes ordenaron esas acciones.

En la movilización, realizada en el contexto del Día del Ejército, participaron el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, así como víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos vulnerables, además de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.

Los inconformes demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sanciones a los militares que ordenaron la desaparición de más de 600 personas. También solicitaron la destitución del titular de la Fiscalía General de la República (FGE), Alejandro Gertz Manero.

Entre consignas, pidieron una audiencia a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, quien se encontraba dentro del sexto batallón. Recordaron que hace un año le exigieron intervenir, pero “no nos ha recibido, a pesar de que las desapariciones fueron aquí en Guerrero”.

Los contingentes, sobre todo provenientes de Atoyac de Álvarez, marcharon del paraje Las Banderas hasta la sede del Sexto Batallón por la Autopista del Sol México-Acapulco, donde efectuaron un mitin.

Octaviano Gervasio Serrano leyó un comunicado suscrito por parientes de víctimas, quienes reclamaron “una investigación ministerial pronta y expedita, con la finalidad de lograr el esclarecimiento de los hechos y la identificación, captura y castigo de los elementos militares y pilo-tos de la fuerza aérea responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares”.

Afirmaron que “las investigaciones de los hechos no avanzan, porque el secretario de la Defensa Nacional (Cresencio Sandoval González) lo impide y protege a los militares criminales que aún viven.

Asimismo, recriminaron “el mal trabajo que está haciendo” Gertz Manero, “debido a que actualmente solamente dos agentes del Ministerio Público Federal mal atienden a los más de 600 de nuestros casos en trámite” en la fiscalía. Asimismo lo tildaron de “incompetente”.

Igualmente reclamaron por “la simulación y omisión de la Comisión para el Acceso a la Verdad por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”, pues consideran que “no ha avanzado en esclarecer los hechos”.

Los manifestantes requirieron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “teniendo como puntos primordiales la creación de una fiscalía especial y la entrega de los archivos secretos de la represión del Ejército a la Fiscalía General de la República, y a la comisión, a fin de ejercer acción penal contra los militares perpetradores”.

Al lugar del mitin arribó Abel Barrera Hernández, miembro de la Comisión para el Acceso a la Verdad, quien señaló que “se está accediendo a los archivos del Ejército, pero no con la celeridad que uno quisiera”.