Con 8 mil millones de dólares de vencimientos de deuda encima para 2023, Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta perspectivas de refinanciamiento “muy inciertas”, si no cuenta con un “apoyo claro del gobierno a través de una inyección de capital o una menor carga fiscal”, advirtió Fitch Ratings.

Según la calificadora de riesgo, sólo para el primer trimestre del año la petrolera tiene vencimientos de deuda por 6 mil millones de dólares; los cuales, si se renegocian con las actuales tasas de interés –en México la referencia es de 10.5 por ciento y en Estados Unidos llegó a 4.5 por ciento– resultarán en menos recursos libres para la empresa.

Pemex “tiene opciones de refinanciamiento limitadas”, amplió Fitch Ratings. Dijo que 73 por ciento de su deuda total, que alcanza 103 mil 800 millones de dólares (cerca de 2 billones de pesos), está denominada en la moneda de Estados Unidos y 14 por ciento en la nacional.

“Si asumimos que la empresa puede refinanciar la deuda existente a las tasas de mercado actuales, el costo de refinanciamiento será sustancialmente mayor y afectará su perfil de flujo de caja. Esto significará menores ingresos para el gobierno y menos flujo de efectivo disponible para gastos de capital.”

La firma –que sigue calificando a la petrolera, con BB- y perspectiva estable, pese a que ésta terminó su contrato de prestación de servicios con la firma de riesgo en 2021– detalló que además de los vencimientos de deuda por 8 mil millones en 2023, Pemex tiene una necesidad total de refinanciamiento de casi 30 mil millones entre 2023 y 2026, o 25 por ciento de sus obligaciones.

El 27 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, al tanto de los vencimientos de deuda en la petrolera, “Hacienda tiene un plan junto con la dirección de Pemex, y se va a cumplir en tiempo, en forma, se pagará puntualmente (...) incluso contemplados estos recursos en el mismo presupuesto público, en los techos de endeudamiento que autoriza el Congreso”.

Tres días después, en conferencia de prensa, el subsecretario de Hacienda, Gabirel Yorio, zanjó: “no tenemos mucho que abonar respecto a lo que el Presidente ya ha declarado”. Sin embargo, declaró que se mantendrá el derecho de utilidad compartida en 40 por ciento, gravamen que al inicio de esta administración era de 65 por ciento, dado que su reducción ha permitido un flujo anual de 3 mil a 4 mil millones de dólares para la empresa.