Acapulco, Gro. Al grito de "¡justicia, justicia!", "¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!", ¡Únete únete, que tu hijo puede ser!", fue inaugurada la décima Exposición fotográfica de personas desaparecidas en el estado de Guerrero, en el zócalo de Acapulco, impulsada y montada por integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, a un costado del bautizado como Árbol de la Memoria, donde de manera permanente cuelgan desde diciembre pasado, fotografías de personas no localizadas por sus familiares.

La presidenta del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, informó que luego de un encuentro sostenido con autoridades municipales, fue acordado que el Mural de la Memoria, inaugurado en julio pasado, que comenzó a ser demolido por las obras de remodelación del zócalo, será instalado ahora a un costado de la Catedral Metropolitana de Acapulco, junto las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, en el mismo zócalo, aunque todavía no hay fecha precisa para comenzar con la adaptación del espacio.

Socorro Gil enfatizó que en 10 meses han recabado fotos e imágenes de los rostros de más de 500 personas desaparecidas de diferentes estados del país, en su mayoría del estado de Guerrero.

Doña Socorro, quien es madre de Jhonatan, desaparecido en diciembre de 2018 a unos metros de la cancha del Barrio de la Playa, en plena avenida Costera Miguel Alemán de Acapulco, expresó que las fotografías son enviadas por familiares a través de redes sociales y de encuentros con otras brigadas de búsquedas.

Señaló incluso que "en días pasados vinieron a colgar al Árbol de la Memoria la foto de una persona desaparecida, pero sin nombre, le decimos a quien la vino a dejar, que nos diga quién es, para poner su nombre, la foto ya le pusimos mica y la incluimos en la exposición".

Socorro Gil advirtió que lejos de que disminuyan las desapariciones de personas, la crisis de la desaparición forzada y sus secuelas continúa y se agrava por la falta de compromiso de las autoridades.

Al respecto, integrantes del colectivo demandaron a autoridades el establecimiento de más espacios dedicados a la memoria de las personas ausentes.

Responsabilizaron al Estado por las desapariciones, al fallar en el cuidado de la población, así como por la negligencia en la búsqueda de sus familiares, y por las secuelas que trae consigo una desaparición forzada en el ámbito familiar, pues se ve afectado el entorno económico, social y psicológico.