El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús llamaron a las instituciones federales y estatales a atender a la brevedad y en diálogo con los beneficiarios las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 11 integrantes de esa comunidad religiosa en Cerocahui, Chihuahua, por las amenazas y agresiones que han sufrido de parte de grupos del crimen organizado.

También reiteraron su demanda de que los responsables del asesinato, en junio de 2022, de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, que “sigue teniendo fuerte impacto comunitario, estatal, nacional e internacional”, sean llevados ante la justicia para que hechos similares no se repitan.

Destacaron que la Sierra Tarahumara “aún espera la paz con justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social”.

El martes pasado, la CIDH emitió las medidas cautelares al considerar que los jesuitas se encuentran en situación de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable a sus derechos. El Centro Prodh y la Compañía de Jesús indicaron que tras siete meses y ocho días del asesinato de los prelados, el guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, “la impunidad continúa, ya que el perpetrador de los hechos no ha sido detenido”.