En México, alrededor de 45 por ciento de indígenas sometidos a proceso judicial no tienen asignado un intérprete para apoyarlos en sus juicios. Esta situación “viola el derecho fundamental consignado en la Constitución mexicana de poder hacer uso de cualquier lengua originaria en foros y espacios públicos dentro del territorio”, señaló la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas.

La razón es que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha activado el convenio que tenía con varias organizaciones que se dedican a esta tarea, señaló a La Jornada Fausto de Jesús González, presidente del consejo directivo de la Organización de Traductores, Intérpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas.

Recordó que en 2018 se interrumpió el acuerdo con el CJF por falta de pago a los traductores, pero no fue reactivado luego de que se saldó la deuda. “No está solicitando intérpretes, y por eso hay un vacío para los procesados. Hemos tocado puertas en el consejo, pero no nos han respondido sobre la situación del convenio y los derechos de los hablantes de una lengua indígena a ser asistidos por un intérprete”.

Agregó que “en automático se están violentando los derechos de los hablantes de una lengua indígena”. Antes desde varios estados pedían intérpretes, entre ellos Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, San Luis Potosí y Michoacán.

En el proyecto Acciones para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas: la Incidencia de los Derechos Lingüísticos en los Sistemas Normativos y la Aplicación de la Justicia en México, la red instó a las instituciones de gobierno a “garantizar mejores condiciones a hablantes de lenguas indígenas nacionales en su derecho a contar con la asistencia de intérpretes y traductores”.

Asimismo, advirtieron que “las lenguas indígenas nacionales se encuentran en constante riesgo de desaparición al ser desplazadas por el español en los ámbitos públicos”, al grado de que “de no modificarse la política y estrategia pública en torno de las lenguas indígenas mexicanas, la totalidad de éstas desaparecerá en 90 años”.

Ante ello, urge que “las instituciones correspondientes trabajen coordinadamente para formar profesionalmente y mejorar las condiciones de empleabilidad y pago de intérpretes y traductores de lenguas indígenas”.