Lo que se conoce como la era del descubrimiento también se podría conocer como la era de las enfermedades imperiales. Los europeos migraron en barcos al “nuevo mundo” trayendo con ellos un bagaje de enfermedades ante las cuales las poblaciones locales no estaban inmunizadas.

Por mucho tiempo, buena parte de los historiadores ignoraron la importancia de la salud pública y las enfermedades en su recuento del pasado como agentes de cambio histórico. Para la memoria humana, la enfermedad que azotaba y mataba a la población indígena es una irritación momentánea para ensalzar el coeficiente militar y la fortaleza de quienes eran inmunes a esas enfermedades: los conquistadores.

En marzo de 1520, México albergaba 22 millones de personas, en diciembre del mismo año únicamente 14 millones seguían vivas. Decenas de miles de cadáveres se descomponían en las calles. En 1580 la población de indígenas en México se había reducido a menos de 2 millones.

De igual forma, Francisco Pizarro, quien conquistó el Imperio Inca en Perú, y Hernando de Soto, el primer europeo en realizar expediciones en América del Norte, dispersaron enfermedades en la región.

La experiencia y herramientas de países occidentales industrializados es mucho mayor que las regiones que hace más de 500 años fueron doblegadas no por humanos, sino por microorganismos.

Esta brecha histórica de cómo actuar ante riesgos sanitarios aún no se sacia. América Latina y el Caribe continúan vulnerables frente a enfermedades emergentes, y además son asediadas por padecimientos olvidados (aquellos que la industria farmacéutica y los países ricos no atienden porque no son redituables).

Por esta razón, la existencia de una agencia sanitaria latinoamericana resulta imprescindible para garantizar acceso a medicamentos y vacunas con la calidad, seguridad y eficacia que todos se merecen.

Es ineludible e irrefutable el impacto de los medicamentos en nuestra vida. Según el informe Weber, entre 2000 y 2009, la introducción de nuevos medicamentos generó un aumento de 73 por ciento en la esperanza de vida en países desarrollados, los cuales cuentan con agencias reguladoras capaces de autorizar el ingreso de estos productos a su mercado. No es decir que estos países tienen menos enfermos cada año, pero sí se curan a muchísimas más ­personas.

Es oportuno precisar que cuando se habla de regulación sanitaria, generalmente domina una luz focalizada que la presenta como un instrumento para solucionar fallas del mercado y un mecanismo de intervención tendiente a eficientar la competencia ­económica.

No obstante, con una iluminación amplia y multidisciplinaria, pensamos en una nueva aproximación, que vea a la regulación sanitaria no sólo como un instrumento del Estado para promover las capacidades productivas y tecnológicas de nuestra región, sino también como un guardián para prevenir los riesgos y garantizar los insumos para la salud que nuestros pueblos merecen.

Más allá de nuestras agendas políticas, más allá de nuestras diferencias coyunturales, está nuestra vulnerabilidad ante las enfermedades. Una agencia sanitaria latinoamericana abonaría a cumplir la máxima de que la salud no es un privilegio, la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar completo de la población.

Y además es un derecho.

*Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios