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2023-01-19 09:21

Emiten recomendación a FGE-BC por fuga de presunto agresor sexual

La CEDH de Baja California, que preside Miguel Mora, dijo que aunque el presunto violador estuvo ante el Ministerio Público y se emitió una orden de aprehensión, hasta la fecha permanece prófugo.
La CEDH de Baja California, que preside Miguel Mora, dijo que aunque el presunto violador estuvo ante el Ministerio Público y se emitió una orden de aprehensión, hasta la fecha permanece prófugo. Foto tomada de la cuenta de Facebook del organismo

Tijuana, BC. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) emitió una recomendación a la Secretaría de Educación de Baja California y a la Fiscalía General del Estado por permitir la fuga de un trabajador que abusó sexualmente de seis niñas en un jardín de infantes del municipio de Playas de Rosarito.

La Recomendación 7/2022 señaló que las niñas del kinder “María Lavalle Urbina”, ubicado en Playas de Rosarito, vieron transgredidos sus derechos humanos a la integridad personal y a una vida libre de violencia, y relata que pese a la existencia de denuncias y la apertura de carpetas de investigación el hombre fue dejado en libertad.

El caso se ventiló en los medios de comunicación en 2018, lo que provocó que la CEDHBC iniciara el 21 de mayo de ese año un expediente para investigar de oficio presuntas violaciones a derechos humanos.

Ulises (miembro del personal de mantenimiento) fue asegurado dentro del jardín de niños “María Lavalle Urbina” por agentes de la Policía Ministerial y presentado ante las autoridades de la entones Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que respondiera por las acusaciones de abuso sexual en contra de varias niñas, refirieron los medios entonces.

El 23 de mayo de 2018 la CEDHBC recabó la declaración de una madre de familia, quien refirió que su hija fue una de las afectadas, y al tener conocimiento acudió al Ministerio Público, donde la niña fue examinada por el médico legista, quien le comunicó que su hija sí había sido vulnerada.

“Adicionalmente y en la misma fecha, se presentó ante este organismo otra madre de familia, quien refirió que el 21 de mayo de 2018 presentó una denuncia formal en contra de Ulises. Posterior a su declaración en la PGJE, personal de esa institución le explicó el motivo por el cual habían presentado a Ulises ante el agente del Ministerio Público, informándole que se encontraba en libertad porque no existía flagrancia, que se había girado una orden de presentación y que llevarían a cabo todo lo necesario para seguir con la investigación y esclarecer los hechos”.

La CEDHBC tuvo conocimiento de la existencia de seis carpetas de investigación ante la Unidad de Investigación Especializada Zona Rosarito, perteneciente a la entonces PGJE, indagatorias en las que se señaló a Ulises como presunto responsable del delito de abuso sexual a una menor de 14 años.

El organismo, que preside Miguel Mora, señaló que aunque el presunto violador estuvo ante el Ministerio Público y se emitió una orden de aprehensión en su contra, hasta la fecha permanece prófugo. El reporte de la de Fiscalía General del Estado de Baja California es que no lo puede ubicar.

La Comisión recomendó a la Secretaría de Educación y a la Dirección General del Instituto de Servicios Educativos repare de manera integral los daños ocasionados a las víctimas directas, a través de la atención sicológica y/o psiquiátrica que requieran; se lleve a cabo una revisión de la actuación de los servidores públicos que estuvieron a cargo del trámite de la investigación administrativa y se conforme un grupo de trabajo de expertos en asuntos de violencia sexual y derechos humanos.

De igual manera, se pide a la Fiscalía General del Estado que le remita las acciones de investigación realizadas por el personal para esclarecer los hechos; se envíe este pronunciamiento a la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría, a efecto de que se analice la actuación de los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables.

En los últimos días se han hecho públicos varios casos de abuso contra menores en planteles escolares y la autoridad sólo ha actuado cuando hay presión social de los familiares de los afectados.

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