La Paz, BCS. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, manifestó que el caso de las 96 trabajadoras despedidas de forma injustificada por la empresa coreana maquiladora de calamar, Han Jin México SA de CV, hace 20 años en Santa Rosalía, cabecera del municipio de Mulegé, “no está cerrado”.

El mandatario estatal -extracción de Morena- señaló que esta empresa, donde laboraba un importante número de trabajadoras, desapareció y aparentemente dejó tirado todo.

Anunció que aunque se trata de un asunto federal, un equipo del gobierno del estado, integrado por las áreas jurídica, del trabajo y contraloría, se reunirán con los representantes legales de las trabajadoras para revisar la situación, porque el proceso no está parado.

Lo anterior, al enterarse que el pasado 9 de diciembre la Junta Especial número 58 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, canceló la demanda de las trabajadoras porque no encuentran a la empresa en Corea del Sur.

“Se tiene que ver el procedimiento jurídico, se puede poner un amparo, no es nada más lo que diga el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, está mal aunque sea de la Cuarta Transformación, no lo vamos a permitir, ya estamos manos a la obra, estamos respaldando la causa de las trabajadoras”, expresó.

El gobernador reprobó también el hecho de que el predio que fue embargado por un juez para garantizar el pago de las indemnizaciones de las trabajadoras, fuera vendido de manera ilegal.

“Por supuesto que vamos a seguir trabajando para que haya justicia y ya se judicializó, porque alguien rompió el libro del Registro Público y vendieron la propiedad embargada, un delito, un abuso, un reprobable abuso, y ya se está sobre los responsables”, indicó.

Subrayó que esa compra es ilegal, y se tiene que ir a fondo “hagamos lo que tengamos que hacer, vamos a trabajar para que haya justicia con las calamareras”.

El gobernador lamentó el fallecimiento de cinco trabajadoras a lo largo de los 20 años de lucha por la indemnización; pero indicó que no se trata de un caso cerrado, de borrón y cuenta nueva, por lo que apoyará a las demandantes en su causa, con lo que pueda y hasta donde pueda.