Monterrey, NL., El Congreso de Nuevo León –uno de los estados con más ludópatas en México– reformó con 26 votos a favor, 13 en contra y una abstención la Ley de Hacienda del estado y con ello eliminó el cobro de derechos aplicados a los casinos que operan en la entidad por cada máquina tragamonedas, incluso las que no estén en uso.

Con la enmienda se derogó el capítulo noveno de la ley que estipulaba los derechos por los servicios de supervisión, control y expedición de constancias de ingresos a la base de datos de máquinas de juegos y apuestas.

Se prevé que el gobernador Samuel García Sepúlveda, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), vete la reforma impulsada por los coordinadores de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) –que tiene mayoría–, Heriberto Treviño Cantú; Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente Flores, y por la diputada independiente Jessica Martínez Martínez.

La iniciativa fue promovida con el argumento de que la industria del juego y el entretenimiento se vio afectada en el estado, tanto en generación de empleos e ingresos, como en aportaciones fiscales para Nuevo León, las cuales son dirigidas principalmente a la seguridad de los municipios.

Integrantes de la bancada de MC advirtieron que la reforma generará más ganancias para los centros de apuestas. La diputada Iraís Reyes de la Torre alegó que no entendía por qué el PAN, un partido “supuestamente a favor de la moral”, estaba salvando a los casinos del cobro de un derecho con el que se buscaba desincentivar que los ciudadanos acudan a los centros de apuestas.

En tribuna, su correligionaria, Sandra Pámanes, colocó una pancarta con la leyenda: “Con el PRIAN ganan los casinos, pierde Nuevo León”.

Por su parte, la priísta Ana González dijo: “Ante la falla de esta estrategia fiscal de recaudación para dotar a los municipios de más ingresos para la seguridad, no podemos permitir que se queden limitados en este actuar, porque dejar que sigan dependiendo de un fondo que no brinda recursos es poner en riesgo sus estrategias en la materia”.

Recientemente, el vocero del Consejo Regional de Industriales del Juego (CRIJU), Guillermo Martínez García, aseguró que el gravamen disminuyó las ganancias de las salas de juego estatales, y obligó a los operadores a retirar 40 por ciento de sus máquinas.

Consideró injusto que se cobrara por cada máquina dentro de un casino, aún cuando no se usara, lo que derivó en mayor pago de impuestos, menos empleo y afectación económica para el sector.

Por ello, el CRIJU solicitó a los diputados locales el pasado 14 de diciembre que el impuesto fuera determinado por el número de máquinas de juego en uso en cada casino, y no por el número total existente.

La panista Nancy Olguín Díaz leyó el resolutivo, que será válido a partir del primer día de 2023.

La ludopatía es definida por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno sicológico caracterizado por una urgencia incontrolable por jugar y apostar.

De acuerdo con el Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral, en México existen más de 4 millones de personas que padecen este mal.