Ciudad de México. La secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi), Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, informó que existe un padrón de más de 5 mil 600 solicitantes de vivienda de personas adscritas a dichos grupos de población con lo que es uno de los temas más demandados junto con el del comercio en vía pública, por lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, implementó la acción especial de vivienda inclusiva.

Al comparecer ante legisladores del Congreso capitalino con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, explicó que una vez que se actualizó el año pasado el registro histórico de demandantes de vivienda, inició la aplicación de un cuestionario con pertinencia cultural que permitirá hacer con mayor certeza la asignación de vivienda.

Explicó que un 68.5 por ciento de los solicitantes se declaran pertenecientes a las comunidades, particularmente grupos mazahua, nahua, triqui y otomí y el 61 por ciento son mujeres.

El 63.3 por ciento rentan actualmente una vivienda y el 16.1 por ciento manifiesta que vive en un espacio que le es prestado por otra familia, el 41 por ciento vive en Cuauhtémoc, el 17 por ciento en Venustiano Carranza, un 11 por ciento en Iztapalapa y el 9 por ciento en Gustavo A. Madero.

En su participación Ruiz alertó que existe una “engañosa y falsa información de que el Programa de Ordenamiento Territorial pretende desaparecer el suelo de conservación de la ciudad, por el contrario lo que se pretende es protegerlo y restaurarlo”. Refirió que la dependencia mantiene en pueblos y barrios el proceso de consulta para que emitan sus opiniones.

En el caso de proceso para constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, señaló que al cierre del plazo se recibieron un total de 26 solicitudes: 22 de pueblos originarios, 3 de comunidades indígenas y una de un barrio y en una primera revisión se observó que 9 cumplieron los criterios de la convocatoria: 6 de pueblos y 3 de comunidades.

Advirtió que en este caso también hay “bastante desinformación” sobre los beneficios que tendrán al estar registrados en el sistema para la plena identificación y certeza jurídica de quienes son los pueblos y comunidades, cuáles y cuántos y sus representaciones y sistemas normativos internos, que les permitirá el ejercicio pleno de derechos colectivos plasmados en la Constitución Política local.

Refirió que se presentaron 21 juicios en contra de la convocatoria y todos fueron desechados.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso, Héctor Díaz Polanco, sostuvo que pese al lugar subordinado que las comunidades indígenas tuvieron en el proceso de construcción de la nación, en los recientes días se observa un resurgimiento de las organizaciones de pueblos y barrios que rechazan la asimilación, reafirman sus raíces y reclamen sus derechos.

“En tiempos turbulentos en que se recrudecen la xenofobia, la desigualdad y el olvido, la cuestión indígena se convierte en asunto de interés mundial, se contempla a esos pueblos como sujetos de derecho internacional, máxime porque los principales problemas de esas comunidades se originan en sus relaciones con los estados nacionales”, apuntó.