La defensa de los cuatro militares acusados de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas “busca confundir” las investigaciones al denunciar “fabricación de pruebas” por las capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que forman parte del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), sostuvieron Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Explicaron que los militares enfrentan un proceso derivado de acciones de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (distinto del último informe de la Covaj, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas), en el que aparecen los “pantallazos” y que, según peritajes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tienen “inconsistencias”.
Rosales detalló que el proceso contra los integrantes del Ejército surge de la averiguación 3-2020, en la que “la unidad de la fiscalía ejercita acción penal contra 83 personas, básicamente por desaparición forzada y delincuencia organizada”.
En tanto, “la investigación de la comisión todavía ni es judicializada”, agregó Rosales, quien además respaldó que Encinas permanezca en la Covaj, luego de que la defensa de los militares exigió su renuncia.
Añadió que en el gabinete no hay alguien como el subsecretario, que asuma la tarea “con esa fuerza y compromiso”.
Los abogados César Omar González y Alejandro Robledo Carretero, quienes defienden al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Pirita Ochoa y al sargento Eduardo Mota Esquivel, presentaron ayer una denuncia penal “en contra de quien resulte responsable” de los delitos de falsificación de documentos y contra la administración de la justicia.
Rosales pidió “no confundir” y calificó ese procedimiento de “acción política”. Apuntó que, hasta donde se sabe, la Covaj recibió la información con las capturas de pantalla “de una fuente” y “las recabaron de buena fe, no es que Encinas haya falsificado y que ellos hayan construido todo un montaje o estos pantallazos”, pero reconoció que faltó comprobar su autenticidad.
El Centro Prodh señaló que “con anuencia del mando, militares acusados en Ayotzinapa buscan confundir. La no verificación de partes del informe de la Covaj no resta valor a pruebas de acusación sobre colusión entre narco y el 27 Batallón” de Infantería, con sede en Guerrero.
“La campaña contra el caso viene del sector castrense, no de las organizaciones de derechos humanos”, aseguró.
