El Politécnico que existe no puede ser verdad. Esta es la formulación que resuena a lo largo y ancho del genuino y legitimo movimiento estudiantil actual. Y es que nuestra juventud politécnica se niega a que las condiciones con las que fueron recibidos en las aulas sean las de la institución educativa de ciencia y tecnología más importante del país.
Hay una peculiaridad muy importante a tomar en cuenta, debido a la pandemia los estudiantes de primero, tercero y quinto semestres apenas conocieron su escuela. Si ya tomar clases en línea sin una plataforma digital producida por el Politécnico fue una experiencia que develaba las carencias del instituto, al llegar a las aulas se percataron de los efectos del desmantelamiento del que fue objeto el instituto durante el periodo neoliberal. Esta juventud se niega rotundamente a padecer la herencia neoliberal. Exigen una educación superior a la altura del tamaño de los retos que tendrán que afrontar en el siglo XXI: exigen laboratorios, clínicas, aulas, Internet, docentes y un largo etcétera para prepararse de forma integral.
No es para menos. El aumento de la matrícula generó un efecto dominó. No es que se nieguen a que la matrícula aumente; de hecho, esa fue una de las mayores exigencias del movimiento estudiantil durante los últimos años. El problema reside en que las autoridades politécnicas no asumieron el compromiso de aplicar una política de transición posneoliberal. Fue claro que no establecieron una ruta crítica para cumplir con la encomienda presidencial. Creyeron que las condiciones de precarización laboral y carencias materiales existentes podían seguir cubriendo las nuevas necesidades. Se equivocaron profundamente. Justo por eso una de sus principales demandas se ha centrado en las instalaciones, el mejoramiento y sobre todo la seguridad de éstas.
Tras el sismo de septiembre de 2017, ante la gravedad de los daños en las instalaciones de varias escuelas, se estableció en el IPN un comité de reconstrucción como medida de transparencia para el manejo de fondos, mismo que tuvo sesiones para resolver los problemas más inmediatos respecto de los edificios dañados. Éste exigió estudios especializados para garantizar la integridad de la comunidad, lo que llevó a establecer que se necesitarían 966 millones de pesos para una reconstrucción que garantizara condiciones de seguridad. Por ejemplo, el primer dictamen del edificio C de ESCA Tepepan el director responsable de obra (DRO) recomendó demolición. No fue el único.
El IPN estaba asegurado por 12 mil millones de pesos debido al valor de sus instalaciones, y por el sismo el seguro cubría hasta mil 900 millones. La trayectoria ya estaba trazada en función de una política de seguridad, pero a la llegada del doctor Mario Alberto Rodríguez Casas a la dirección general, justo en el tiempo de las campañas políticas, nunca se convocó a una sesión del comité de reconstrucción, al tiempo que se nombraron nuevos funcionarios para elaborar otros estudios que disminuyeron en 89 por ciento el valor de la reconstrucción.
Para encubrir este movimiento se utilizó al Consejo General Consultivo (CGC), órgano en su mayoría integrado por funcionarios y donde la representación estudiantil es menor a 10 por ciento, para modificar al comité de reconstrucción y desechar a los integrantes que exigíamos transparencia. Al final de cuentas el seguro sólo cubrió 109 millones 573 mil 394.38 pesos, 11 por ciento de lo originalmente proyectado. La reconstrucción tomó un valor adicional al cobrado por el seguro que terminó tomándose del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, así como del presupuesto federal. El SNTE, con presencia en el CGC, guardó un silencio sepulcral.
Función Pública determinó que había existido una falta administrativa grave en este hecho por abuso de funciones por la secretaría de administración del IPN. El tema se encuentra aún en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero éste ha congelado el asunto desde mayo pasado. El daño se determinó en 389 millones 591 mil 569.97 pesos. Evidentemente no se hizo demolición alguna de edificios.
Entre las escuelas afectadas se encontraban la ESCA Tepepan, Esime Culhuacán, Medicina y CICS Milpa Alta. No es casual que los estudiantes de medicina, que aún permanecen en las aulas prefabricadas sean de las escuelas que mayor exigencia presenten. El sismo del 19 de septiembre pasado volvió a poner sobre la mesa estos hechos. Las comunidades han expresado preocupaciones legítimas sobre las condiciones de los edificios. Las autoridades actuales no han sabido responder; ni siquiera una sola auditoría se aplicó a la anterior administración. Las comunidades exigieron dictámenes de DRO por estos antecedentes, ya que sin revisión de los edificios se le pidió en algunos casos volver a actividades de forma normal.
Eso no fue todo, en el caso de algunas escuelas sus edificios dañados estaban equipados por equipos de cómputo como proyectores, pizarrones en buen estado, sillas y éstas simplemente desaparecieron. Estos robos no fueron ni siquiera investigados; se acudió a la Fundación Politécnico para volver a comprar el material con que ya se contaba, pero que se perdió durante la reconstrucción.
Durante las protestas actuales paristas de medicina cerraron Circuito Interior, una gráfica tomada por el periodista Arturo Cano de una futura doctora sintetiza el reto que tenemos que enfrentar; la joven sostiene un cartel con un dibujo que dice: “Todo el maldito sistema está mal. Escuela Superior de Medicina en peligro”. La corrupción no puede ser la guía del futuro del Politécnico. Tiene razón la juventud: el Politécnico que existe no puede ser verdad.
* Profesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, del Instituto Politécnico Nacional
