Ante representantes de las viejas centrales obreras, las autoridades laborales pusieron en marcha la última etapa de la reforma laboral, que deja en el Poder judicial la resolución de los conflictos obrero-patronales, y a la cual se han invertido 13 mil 500 millones de pesos para la creación de instituciones locales y federales de justicia.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aseguró que con este sistema se dice “adiós al coyotaje, a la industria del litigio”, a los contratos de protección y a los juicios interminables en las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA).
El propósito es “impulsar la conciliación como pieza clave del modelo” para resolver los conflictos mediante acuerdos, sin la necesidad de juicios laborales. Desde ayer, todas las JCA, federales y locales, dejaron de recibir nuevos juicios y deberán desahogar los expedientes en rezago.
En el nuevo modelo de justicia laboral, los casos se resuelven por la vía de la conciliación en menos de 45 días y en los tribunales tardan seis meses, afirmó la Secretaría del Trabajo en el acto de arranque de la tercera fase de la reforma, realizado en la SEP.
Desde la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019 se han instalado 151 centros de conciliación, 44 federales y 109 locales a cargo de 802 conciliadores.
La dependencia indicó que también culmina la instalación de 148 sedes de tribunales laborales, de los cuales 41 son federales y 107 locales, que están a cargo de 317 juezas y jueces seleccionados mediante concursos públicos.
En 2021, las instituciones del nuevo modelo de justicia recuperaron 16 mil 712 millones de pesos, aseguró la STPS.
En su participación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó que el nuevo modelo de justicia laboral estará vigente en todo el territorio mexicano en 41 ciudades, con 125 juezas y jueces de distrito especializados en materia de trabajo y mil 795 operadores.
Afirmó que, desde ayer, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, tiene plena jurisdicción sobre los conflictos colectivos federales que se susciten en toda la República Mexicana.
Frente al sector patronal, titulares del trabajo estatales y magistrados, así como el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Pedro Américo Furtado, el titular del Centro Federal de Conciliación, Alfredo Domínguez Marrufo, aseguró que con la reforma laboral se dice adiós a los contratos de protección y a la simulación en los procedimientos de negociación colectiva. Fue notoria la ausencia de representantes de sindicatos independientes.
“Despidámonos del corporativismo y de los sindicatos de papel y abramos espacio a los sindicatos representativos, hagamos lo conducente para hacer efectivo el adiós a la opacidad y manejo abusivo de las cuotas sindicales y lograr darle la bienvenida a la transparencia y a la rendición de cuentas en todas las organizaciones sindicales”, expresó en presencia de los dirigentes del sindicato petrolero, Ricardo Aldana; de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, Abel Domínguez; de los electricistas, Martín Esparza, y de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien suma 46 años al frente de su sindicato.
En la tercera y última etapa de la reforma laboral se suman la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, así como Baja California Sur y Guerrero a nivel local.
