Madrid. Alrededor de diez mil personas se manifestaron en Barcelona para rememorar los acontecimientos ocurridos el 1 de octubre del 2017, cuando Cataluña celebró un referendo unilateral de independencia que provocó una actuación policial sin precedentes en la región, que provocó decenas de heridos, la mayoría por crisis de ansiedad. El quinto aniversario de ese hito para el separatismo coincide a su vez con una de las peores crisis internas del nacionalismo catalán, más afrentado y dividido que nunca y con el gobierno autonómico al borde de la ruptura. En los actos de homenaje se escucharon tanto aplausos para las víctimas de la represión y para los protagonistas del acto de desobediencia como abucheos para un sector de los líderes independentistas, señalados ahora como “traidores” a la causa.

Hace cinco años en Cataluña amaneció con lluvias intensas, pero ni el clima adverso ni las amenazas reiteradas por parte de las autoridades españolas, entonces presididas por el conservador Mariano Rajoy, impidieron que los partidarios de la secesión celebraran un referendo de autodeterminación. Los colegios electorales se llenaron de ciudadanos pacíficos con la intención de votar, a pesar de que oficialmente no había ni un censo ni una convocatoria formal que después diera validez a esa votación masiva. El resultado fue el esperado, más de un 95 por ciento de las personas que depositaron su voto, que fueron algo menos de la mitad de la población electoral en Cataluña, dieron su respaldo a la independencia.

Ese día, además, las imágenes que se difundieron de forma masiva por el mundo fueron las de las duras intervenciones de la policía española en algunos de los colegios electorales, con agresiones a los votantes y con actuaciones de una violencia desproporcionada. El saldo oficial del gobierno de la generalitat de Cataluña, entonces dirigida por Carles Puigdemont, ofreció una cifra de heridos que superó los dos mil, pero lo cierto es que la inmensa mayoría fueron atendidos por crisis de ansiedad por la situación creada.

Ese referendo fue el óbice para que unos días después se declarara de forma unilateral de la independencia, pero sólo durante 8 segundos, para que posteriormente el presidente Puigdemont anunció la vuelta a la institucionalidad y la legalidad del Estado español. Después vino una seria de procesos judiciales que terminaron con la mitad del gobierno en prisión e indultados unos años después; y a la otro mitad del gobierno, encabezados por el propio Puigdemont, viviendo fuera del país, tras decidir no someterse a los tribunales españoles.

En el quinto aniversario de esos hechos que siguen marcando la agenda política en Cataluña, alrededor de 11 mil personas, según las cifras de la Guardia Urbana de Barcelona, exigieron en la calle a sus dirigentes que hagan cumplir el “mandato democrático del 1 de octubre” y que declaran de forma unilateral la independencia, en esta ocasión de forma irreversible. Encabezados por la plataforma separatista de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) reclamaron la ruptura total y sin contemplaciones con el ordenamiento legal español, al que acusan de haber sometido a la población catalana a “una brutal represión” y a “impedirles ejercer” su “derecho de autodeterminación”.

Carme Forcadell, quien en su día fue presidenta de la ANC y después presidenta del Parlamento catalán durante la celebración del referendo, motivo por el cual terminó cumpliendo una sentencia en la cárcel, fue abucheada por los manifestantes cuando tomó la palabra para expresar su opinión sobre la situación actual del proceso. Lo que es una muestra del grado de división y enfrentamiento que hay en el nacionalismo catalán, que vive uno de sus peores momentos de crispación y ruptura.

De hecho el gobierno presidido por Peré Aragonés, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pende de un hilo por la abierta confrontación que tiene con Junts per Catalunya (JxCat), que son los herededor del nacionalismo conservador de Convergencia i Unió (CiU).

Pese a todo, el presidente catalán realizó una declaración institucional para intentar reagrupar el independentismo, al prometer que trabajará por un acuerdo de “claridad” para celebrar un nuevo referendo, en esta ocasión con el consenso del gobierno español para que tenga a su vez una auténtica validez jurídica. “Lo volveremos a hacer porque somos muchos los que queremos que Cataluña sea un país libre”, advirtió Aragonés, quien prefirió no acudir a la manifestación del 1 de octubre precisamente porque él mismo y su partido son ahora objeto de insultos y acusaciones por una parte del separatismo, que les tildan de “traidores”.