La batalla es permanente, porque la contraparte se niega a aceptar que llegó a su fin el paraíso fiscal del que gozaron los grandes privilegiados del régimen neoliberal, durante el cual cientos de miles de millones de pesos en impuestos les fueron condonados y todavía les “regresaban” cantidades estratosféricas. Evadir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) “era legal”, arguyen, y cómo no, si ellos mismos hacían las leyes que los beneficiaban.
Se trata de la casta divina, los grandes contribuyentes (aquellos con ingresos superiores a mil 500 millones de pesos anuales), es decir, los causantes con multimillonarios ingresos y fortunas de ensueño, nutridas éstas, precisamente, por la constante evasión, condonación y devolución de impuestos, mecanismo facilitado, estimulado y aplaudido por el régimen neoliberal.
Pero la batalla es doble, porque de acuerdo con el SAT, los grandes contribuyentes –trucos legaloides de por medio– pagan, si lo hacen, tasas impositivas que ni lejanamente corresponden a sus multimillonarios ingresos. Por ejemplo, los fabricantes de cemento en el país (mercado que acapara Cemex, el emporio regiomontano ligado al otrora Grupo Monterrey) pagaron (2019) una tasa fiscal efectiva de 4.48 por ciento (cuando les corresponde no menos de 30 por ciento).
Otro caso que ilustra sobre la evasión “legalizada” es el de la banca privada que opera en el país (mayoritariamente extranjera). En los primeros siete meses de 2022 obtuvo utilidades netas por 130 mil millones de pesos, pero la tasa fiscal efectiva que pagó, si lo hizo, fue de 5.33 por ciento, cuando le corresponde una de 30 por ciento, por lo menos. Lo mismo sucede con las casas de bolsa, aseguradoras, sociedades financieras y de inversión, y afianzadoras, la mayoría de ellas (por no decir todas) propiedad de la misma banca privada.
Deben sumarse los corporativos mineros (los dedicados a la extracción de oro, canadienses en su mayoría) que pagaron –2019– una tasa efectiva de 5.51 por ciento; plata (con la familia Bailleres a la cabeza), 6.78 por ciento, y cobre (con el tóxico Germán Larrea en primerísimo lugar), 7.98 por ciento. Además, las enormes empresas farmacéuticas: 4.4 por ciento; trasnacionales automotrices con plantas productivas en el país, 1.3 por ciento, y así por el estilo. Sólo para el comparativo, las personas físicas con actividad empresarial están obligadas a pagar una tasa de 35 por ciento.
Pues bien, lo anterior viene a colación porque en la mañanera de ayer el presidente López Obrador reveló que entre 20 y 30 grandes contribuyentes “se están rezagando” en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; “no han pagado (el adeudo ronda 100 mil millones de pesos) y son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, vamos a hacer una revisión. Siempre son las grandes corporaciones económicas y financieras”.
De acuerdo con el mandatario, en algunos casos no han cumplido con el fisco “porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país. Hay resistencias, porque imagínense cuánto tiempo con privilegios fiscales; no pagaban o si lo hacían les devolvían los impuestos a los grandes empresarios y corporaciones”.
López Obrador citó un caso: “una vez me habló el dueño del Grupo Bimbo (propiedad de la siempre pía familia Servitje) que habían vendido una de sus empresas y que iban a pagar sus impuestos, creo que mil o mil 500 millones de pesos. Se la vendió a una empresa extranjera, creo que es donde hacen las paletas de chocolate (Ricolino), y le platicaba que ese dinero era el equivalente a los mil millones destinados este año a caminos en las zonas más pobres de Guerrero, que es La Montaña. Le digo: ‘los mil millones son mil millones para caminos’. Entonces, para eso es el presupuesto. Antes, pues en un ambiente de corrupción y de complicidades se podía decir: ‘¿cómo voy a pagar si se van a robar el dinero en el gobierno?’ Ahora no, ahora el dinero es para inversión pública, para el bienestar de la gente”.
Y en la plática salió el adeudo fiscal (desde 2014) del inefable Claudio X. González: adeuda al fisco cerca de 17 millones de pesos, “pero estoy seguro de que terminará pagando”.
Las rebanadas del pastel
¿Será que Jesús Murillo Karam ya tiene un pie fuera del reclusorio? La mafia de jueces, ministerios públicos y fiscalías es una verdadera vergüenza para el país.