Esta semana se dio un giro en 30 años de abandono de la política industrial cuando las secretarías de Economía y Hacienda, la banca de desarrollo y el sector privado presentaron el documento “Rumbo a una política industrial”, con el que se busca trazar la hoja de ruta para fomentar el desarrollo sostenible de la industria y el fortalecimiento del mercado interno a través de la innovación digital, el aprovechamiento de las tendencias tecnocientíficas, la formación de capital humano, la promoción de contenido regional y encadenamientos con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Los esfuerzos de esta iniciativa se concentrarán en los sectores estratégicos: agroalimentario, eléctrico-electrónico, electromovilidad, servicios médicos y farmacéuticos e industrias creativas.
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, consideró que la propuesta constituye un acertado cambio de paradigma. Este especialista define la política industrial como las “medidas coordinadas de política económica que tienen como objetivo el desarrollo del sector industrial, para a su vez tener mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico y social”, y considera que el plan presentado puede detonar un incremento de entre medio y un punto en el producto interno bruto nacional en los próximos años.
Para el también presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales, el documento dado a conocer el martes está en consonancia con la coyuntura actual, en la que las cadenas de suministro globales se reacomodan a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia, así como en respuesta a la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China y el conflicto bélico en Europa del Este. En este contexto, la política industrial podría facilitar la llegada a nuestro país de empresas que buscan evitar la andanada de aranceles y otras medidas con que Washington intenta revertir la supremacía comercial y manufacturera del gigante asiático.
Estos propósitos ya habían sido expuestos desde hace al menos un año por el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien anunció la existencia de labores de convencimiento para que 15 grandes empresas trajeran sus actividades a territorio mexicano. En febrero, el mismo funcionario reiteró que ya se trabajaba para “aprovechar la relocalización de empresas mundiales hacia el país ante la necesidad de diversificar cadenas globales de suministro”, y en abril su homóloga de Economía, Tatiana Clouthier, estimó que este fenómeno de nearshoring (ubicar la producción más cerca de los lugares de destino de las mercancías) podría generar hasta medio millón de empleos.
Con todo, no es posible echar las campanas al vuelo, pues está claro que la iniciativa tiene muchos temas pendientes que resolver. Entre otras carencias, el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, José Luis Calva, señala la falta de apoyos crediticios a tasas preferenciales para mipymes, subsidios a la investigación y a la transferencia tecnológica, capacitación y asesoría a los empresarios por parte de la banca de desarrollo, subvenciones mediante estudios de mercado y promoción externa, proteccionismo comercial selectivo (hasta donde lo permitan las reglas de la Organización Mundial de Comercio y el T-MEC), una política de compras públicas o apalancamiento con capital de riesgo.
Lo cierto es que se trata de un paso en la dirección correcta para dar nueva vida a un sector con gran potencial, el cual sufrió un severo abandono durante el periodo neoliberal, y cabe desear que se fortalezca con las medidas necesarias a favor del desarrollo y el bienestar de industriales y trabajadores mexicanos.
