Toluca, Méx. El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez presentó ante el Congreso mexiquense una iniciativa para adicionar al Código Penal dos figuras delictivas encaminadas a combatir la extorsión que realizan grupos delincuenciales contra comerciantes, principalmente en la zona sur del estado.

La idea es que se adicione al capítulo de delitos contra la economía, dos conductas delictivas como obligar a los comerciantes o propietarios de negocios, a incrementar los precios de un producto de manera generalizada en una comunidad o a comprar insumos con un solo proveedor.

En meses recientes, en varias localidades del sur del estado como Tejupilco, Amatepec y hasta Valle de Bravo, se obligaba a los comerciantes a surtirse de pollo con un solo proveedor, y quien no atendiera estas sugerencias que lanzaban integrantes de un grupo delictivo, los negocios eran vandalizados o destruidos, o bien los propietarios o trabajadores del lugar eran objeto de agresiones o amenazas directas.

“Lo importante es que la Fiscalía va a poder actuar e intervenir esos negocios y detener a esos sujetos sin necesidad de comprometer la integridad de aquellos que se ven subyugados, se ven forzados a actuar en favor de ellos a través de alguna amenaza o simplemente de una alguna presión”, sostuvo el fiscal Cervantes Martínez.

En la iniciativa se propone adicionar al Código Penal el artículo 199 Bis, que señala: se impondrán de seis a 10 años de prisión y de mil a mil 500 unidades de medida a quien o quienes generen un alza de precios, competencia desleal, o distorsión en el mercado, en una localidad o región, con la finalidad de inducir o provocar que una persona o unidad económica compre, obtenga o adquiera de otra persona, comercio o empresa, los bienes o insumos para su giro comercial”.

“A quien obligue a comprar, vender o distribuir bienes o insumos a personas o empresas específicas, a vender bienes o insumos a comerciantes del mismo giro comercial en una localidad o región a un precio por encima del mercado”.

Si estas conductas las realizan integrantes de grupos delictivos, o bien, quienes se ostenten como tal, se agravará la penalidad del delito hasta 15 años de prisión y si las realizan dos o más personas cinco años de prisión adicional.

La propuesta fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y eventual aprobación.